La reforma de la pesca puede afectar a 6.000 empleos en la provincia

La flota pesquera de la provincia cuenta con un total de 290 barcos que, entre empleos directos e indirectos, crea unos 6.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) podría afectar a estas embarcaciones ya que no coincide en algunos puntos con el modo de pesca que se desarrolla en Andalucía. Por ello, la Consejería de Agricultura y Pesca se reunió ayer con el sector pesquero malagueña para abordar los puntos fundamentales en los que no concuerda con la Comisión Europea. "Esta reunión se centraba en conocer la postura del sector pesquero de nuestra provincia, así como conformar en septiembre un documento común que sirva de reivindicación ante Bruselas", explicó Mónica Bermúdez, delegada de Agricultura y Pesca.

Bermúdez incidió en la necesidad de definir la flota pesquera, ya que en Málaga "tenemos una flota evidentemente artesanal, definición que no viene recogida en la comunicación que se realiza por parte de la Comisión Europea y que reivindicamos que se tenga en cuenta y se incluya en todos los documentos que se generen con respecto a la reforma de la PPC". "No podemos definir la flota únicamente por el tamaño de los barcos, sino por la forma en la desarrolla su actividad", añadió. "La nuestra sale diariamente a pescar y está en el mar unas horas determinadas, por tanto, el producto que luego comercializa está fresco. No tiene nada que ver con aquellas que se tiran semanas y semanas en el mar", indicó la delegada.

La Consejería cree que esta reforma debe ir acompañada de una serie de medidas con una dotación presupuestaria fuerte y suficiente que aborde "todos esos aspectos sociales y económicos que deriven a esa sostenibilidad de la actividad". Asimismo, la delegada afirmó que "entre los aspectos positivos en los que estamos de acuerdo en esta reforma, destaca la inversión en la modernización e innovación de las empresas del sector, así como el etiquetado obligatorio de las distintas importaciones que generan confianza a los consumidores y también nos aporta seguridad respecto a la salud alimentaria del pescado".

Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se explicó que existen acuerdos con otras comunidades autónomas y países y, por ello, es necesario "tener una serie de puntos claros". "Esos puntos tienen que estar presentes en los futuros documentos de la Comisión Europea, ya que ahora no vienen reflejados o presentan posturas que consideramos negativas para el sector pesquero profesional", concluyó Bermúdez.