Las heridas dejadas por los 150 expedientes abiertos por la Gerencia de Urbanismo por obras irregulares acometidas en la urbanización de Villas del Arenal, en la zona de Intelhorce, siguen supurando casi cinco años después. Tanto como para que el equipo de gobierno del PP y la Gerencia de Urbanismo diesen ayer un paso al frente con el objetivo principal de defenderse de las acusaciones que diez días atrás vertieron dos ex jefes del organismo municipal. La que fuera jefa de Disciplina, Teresa Domingo, y el ex responsable de Infracciones, Alberto Íñiguez, apuntaron de manera directa a la concejala de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y al actual gerente de Urbanismo, José Cardador, afirmando que ambos llegaron a exigir "mirar para otro lado" en los asuntos abiertos en esta urbanización.

"Desmiento que se diese orden en ese sentido; la única instrucción que se dio fue la de ver el modo de legalizar las infracciones", vino a afirmar Cardador, quien subrayó que e ningún caso se realizaron peticiones "contrarias a la legalidad". "El urbanismo a la carta [en alusión a una expresión usada por los ex jefes] ha sido un estudio de detalle que afecta a todo el conjunto de Villas del Arenal", apostilló. El también coordinador general de Ordenación del Territorio fue a más al cuestionar la labor de los acusadores, mencionando varios supuestos de descontrol por parte del departamento. "No se entiende que cuando se ordena una demolición pasen diez años para poner la primera multa coercitiva o que se mandase una denuncia a la Fiscalía y fuese devuelta porque el delito ya había prescrito", expuso.

En la misma línea, Porras también desmintió que, como aseguró Íñiguez, pidiese "mirar para otro lado". "Lo que dije exactamente era por qué no miraba también a derecha y a izquierda; por qué ese empecinamiento con Villas del Arenal; esa fue mi frase, no que mirase para otro lado; lo que dijo fue una intencionalidad que salió de su boca no de la mía", abundó.

Ambos verbalizaron la línea de defensa con la que el equipo de gobierno del PP trata de hacer frente a las graves acusaciones vertidas en los últimos años sobre este procedimiento y que motivaron que Ciudadanos haya acudido a la Fiscalía. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, calificó de "impecable" el trabajo de los técnicos de Urbanismo. Y para contrarrestar las afirmaciones de Domingo recordó la existencia de sentencias del TSJA y el pronunciamiento de "cinco jueces" que validan el proceder en este asunto.

Pomares cuestionó el papel de los grupos de la oposición, en especial del PSOE y Málaga para la Gente, recordando (incluso poniendo fragmentos de voz de sus intervenciones en el Pleno) que en 2014 reclamaban al Consistorio que se paralizasen los procedimientos sancionadores y se buscase una fórmula que garantizase la proporcionalidad. "El PSOE olvida que fue él el que pidió un proceso de diálogo y que se atendiese los casos de manera individualizada", señaló también el portavoz del PP, Carlos Conde.