El reto de la comercialización del alga invadora mitigaría los daños en Málaga

La invasión del alga asiática Rugulopteryx okamurae en las costas malagueñas es una realidad que ha generado en los últimos años una pérdida de biodiversidad y cuesta a los ayuntamientos millones de euros para labores de limpieza del litoral, coincidiendo expertos en que los posibles usos comerciales o la valorización del vegetal marino mitigarían los daños y el impacto a nivel socioeconómico compensando a los sectores afectados, o ambiental con la retirada tempradana de los restos en las playas. También critican que el plan de gestión aprobado por la Junta de Andalucía el pasado julio limita sus posibilidades al sector agrícola, según las fuentes consultadas.

La legislación estatal vigente, hasta el momento, cataloga a la Rugulopteryx okamurae como una especie exótica invasora salvo que se produzca la inactivación de los talos o alga completa; proceso que queda regulado en Andalucía gracias a este documento y, por tanto, desbloquea la valorización de la biomasa, considerada hasta ahora un residuo costoso y sin salida. El plan andaluz es pionero en España en la materia y se trata de un documento abierto a nuevas aportaciones científicas.

El plan de gestión sienta las bases para el uso comercial de la especie como abono o compost condicionándolo al tratamiento de inactivación de los talos o alga completa para evitar su dispersión, entre otros aspectos, y determina cómo debe realizarse la recogida e inactivación de los talos para evitar la propagación de nuevas esporas y restos que agraven el problema en las costas, así como detalla los medios permitidos para la recolecta de biomasa en las playas -para lo que no se recomienda la retirada de arribazones del agua- o los procesos de secado para fertilizante y compostaje.

Los ayuntamientos de la Costa del Sol destinan millones de euros a las labores de retirada de los restos del alga invasora del litoral. El Consistorio de Estepona ha retirado en lo que va de año hasta el 30 de octubre un total de 5.877 toneladas de alga asiática, suponiendo estos trabajos “un sobrecoste anual de más de un millón de euros, dado que se han debido incrementar tanto los medios humanos como materiales y horas dedicadas, para la eliminación” del vegetal, ha indicado. Con respecto a los dos últimos años, ha recogido un total de 3.415 toneladas de algas en 2023, siendo 2024 el año en el que se alcanzó la mayor cifra hasta el momento, con un total de 9.670 toneladas, mientras que en 2020 y 2021 los operarios del área municipal de Playas limpiaron 2.742 y 2.841 toneladas del litoral.

En el caso de Mijas, el Ayuntamiento destinó en 2024 un montante de casi 692.000 euros, mientras que en lo que va de 2025 ya han sido retiradas casi 2.500 toneladas de algas, lo que ha obligado a destinar una cuantía de 516.545 euros, han precisado desde la administración local. El Ayuntamiento de Marbella retiró una cantidad aproximada de 3.000 toneladas entre junio y agosto de 2025, destinando una inversión de 489.130,43 euros. En los primeros ocho meses del año, se retiraron de las playas marbellíes más de 4.600 toneladas del alga invasora, con un gasto municipal de 750.000 euros para actuar en los 27 kilómetros de litoral.

Por su parte, Manilva retiró el pasado verano de sus costas 1.302,52 toneladas del alga invasora, lo que ha supuesto un coste estimado de unos 112.000 euros, registrando un incremento de entre 150 y 200 toneladas más respecto al mismo período de 2024. El municipio de Casares ha destinado este año una inversión de 30.000 euros para la retirada del vegetal, recogiendo este verano más de 600 toneladas del alga asiática en sus 3 kilómetros de costa entre los meses de junio y agosto, con datos similares a los de 2024.

La catedrática del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga (UMA), María Altamirano, ha dado su visión sobre la valorización de la especie, destacando que debe hacerse “dentro de la normativa vigente” y con la “mitigación del impacto” de la invasión en los sectores afectados como la pesca o los ayuntamientos.

La docente e investigadora ha señalado que esta filosofía queda “reflejada en la Estrategia Nacional y en el plan de gestión de la biomasa” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recordando que este último propone que “se desarrollen unos protocoles de desactivación biológica de la biomasa”, sin entrar a valorar el documento andaluz.

En este sentido, ha apuntado que un alga puede tener varios usos comerciales con “fines biotecnológicos, de materia prima, energéticos o de salud”, aunque ha subrayado que al ser Rugulopteryx okamurae una especie invasora “su uso está muy restringido a unos pocos casos” y bajo “autorizaciones determinadas”.

Altamirano ha destacado que el problema de la invasión es “socioeconómico y ecológico”, remarcando que la valorización o posible comercialización “mitiga” el impacto del alga en el primero pero no el ambiental, poniendo como ejemplo los corales o las praderas de posidonia oceánica afectados. Por ello, resalta que debería de compensarse a los sectores afectados como la pesca, el turismo o los ayuntamientos, responsables de la retirada.

“Cualquier uso que se quiera hacer tendría que repercutir en disminuir el impacto de los ayuntamientos y de la pesca” y “no en incrementar el beneficio privado de una empresa que no se ha visto perjudicada”, ha subrayado la científica, incidiendo en que el objetivo de las administraciones tiene que ser el de “preservar el patrimonio natural” y “disminuir los daños que genera la especie en los sectores afectados”.

Los pescadores piden “protocolos de actuación” para los puertos

La presidenta de la Federación Española de Pesca Artesanal (FENAPA), María del Carmen Díaz, ha criticado por su parte que el plan de gestión aprobado por la Junta de Andalucía “no da respuesta” al sector y que “no se ha contado” con él a la hora de elaborar el documento, por lo que solicita “partidas presupuestarias para llevar a cabo un plan de gestión vinculado a la pesca con el alga”, además de “un protocolo de actuación en todos los puertos”.

El plan andaluz recoge para los puertos que las algas deben acumularse en contenedores específicos, para ser trasladadas a centros de secado o inactivación. En este sentido, Díaz ha señalado que estos elementos “no están instalados”, recordando que es una demanda del sector pesquero desde hace 7 años. “Ni es suficiente, ni la Junta lo tiene previsto ni hay dotación presupuestaria”, ha referido respecto a la medida.

Además, reclama que se dote a las marinas de “protocolos de actuación para reutilizar el alga y se pueda llevar a cabo una economía circular”, para lo que ha remarcado que es necesario “un instrumento legal que dote de seguridad jurídica para las empresas que vayan a invertir”.

Según ha valorado, el plan de gestión andaluz no abre la puerta a la comercialización de Rugulopteryx okamurae: “No sirve para nada, se centra en los arribazones de la playa y solo se destina a compost para la agricultura de un proyecto concreto y no abre las posibilidades a otras actividades industriales”, ha criticado.

En este punto, ha incidido en que la biomasa del alga podría tener “multitud de aplicaciones prácticas” como “compost, cosmética, zapatillas, ladrillos o envases”, apostando por generar “empleo y una alternativa a la pesca” con la que los pescadores pudieran ser “los principales proveedores".

Por otro lado, ha apuntado que la federación presentó en julio un “recurso de alzada” contra el documento, así como planteará un Contencioso-Administrativo, ya que presuntamente la Junta “ha prescindido de los procedimientos establecidos” para aprobar la normativa porque “no ha habido exposición pública, ni audiencia pública ni alegaciones”.

Reducción del "impacto negativo" en las playas

El director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga (UMA), Francisco Franco, ha valorado positivamente que la Junta haya aprobado el plan de gestión del alga, destacando que permitirá la “retirada temprana” de los arribazones o restos del vegetal que llegan a las costas, y con ello “disminuir el impacto negativo” en las playas o en los fondos de los puertos deportivos.

El experto ha explicado que la presencia del alga en las playas o en los puertos genera un “impacto negativo”, ya que cuando el arribazón empieza a descomponerse “consume oxígeno del agua” y “libera ácido fórmico y dimetil disulfuro”, dos moléculas que modifican la composición química del agua generando “un olor muy desagradable”. Asimismo, ha señalado que en los arribazones la caída de estos componentes ácidos “disuelven los granos de calcita haciendo que perdamos arena”. También crea “una mortandad de todas las especies” en espacios portuarios.

Además, Franco ha destacado que la llegada del vegetal a la Costa del Sol “genera la desestabilización del litoral”, al suponer los arribazones una “barrera de algas” que rompe la dinámica del mar para reponer arena a través de las mareas, con la consiguiente “pérdida de sedimentos”.

En cuantos a las posibles aplicaciones comerciales que pudiera tener Rugulopteryx okamurae, Franco ha apuntado que los restos del alga pueden ser “una oportunidad para la obtención de otros materiales”, remarcando que el uso “dependerá de cada una de las aplicaciones” o investigaciones, que deberán ser “aceptadas individualmente” porque “hay que evitar la posible apertura de otra vía de invasión”.

El plan de gestión aprobado por la Junta sienta las bases para el uso comercial del alga invasora para abono o compost para actividad agrícola. En este sentido, el docente ha señalado que ésta es “una de las aplicaciones más sencillas” y “el proyecto que esta más avanzado y que requiere menos inversión tecnológica al haber maquinas que permiten el compostaje del alga”, mientras que otros están “en desarrollo”.

Otro de los aspectos que contempla el plan de gestión es la retirada de los restos del alga en la playa, pero no en el agua. Franco ha explicado que Rugulopteryx okamurae “crece sobre roca”, asegurando que la mayor parte de las del Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán están “invadidas” por el vegetal, por lo que ha incidido en que no se puede hacer una limpieza al “afectar a los ecosistemas” que habitan en ellas. Además, ha señalado que sería “muy costoso” debido a la “alta movilidad” de los restos de alga que son arrancados y movidos por las corrientes al no flotar. En el caso de los puertos, ha valorado que si se depositan en estos las algas que cogen las redes de pesca, “minimizaría el efecto de la invasión”.

En este sentido, propone que la estrategia debería ir encaminada a diseñar “un sistema de contención con redes fijadas al fondo marino y con un diámetro de malla que permita el paso de peces, pero que impida la llegada del alga a las playas”, con su “retirada periódica” por los pescadores en el mar y no en la arena, aunque ha incidido en que este proceso sería “más costoso” pero ayudaría a evitar “el impacto negativo en las playas”. Por ello, apuesta en hacer “proyectos piloto” en esta dirección.

Proyectos de investigación de la UMA

La Universidad de Málaga (UMA) es pionera en investigaciones sobre la valorización de la biomasa de Rugulopteryx okamurae y ha desarrollado varios proyectos para explorar sus posibilidades de uso como ‘Bluemaro’, emprendido por el Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias. Una de las investigadoras principales, Nathalie Korbee, ha explicado que la investigación, finalizada en agosto de 2024, tenía como objetivo conocer “los posibles usos alimenticios del alga para peces”, además del estudio de la invasión y la evolución de la especie. La investigación se hizo con doradas y lisas, que en un principio “no querían el alga” pero con un “tratamiento previo sí la ingerían”.

La experta ha señalado que el plan de gestión no ha tenido en cuenta a “todos los actores afectados por la invasión” como el sector de la pesquero, consejerías como la de Pesca u otras administraciones públicas, aunque ha apuntado que el documento es “flexible y abierto” y tendrá que desarrollarse con “los protocolos que se necesitan”. Para ello, ha puesto como ejemplo el plan del Mar Menor, con el que se han creado “comités con asesoramiento científico”.

En cuanto a los posibles usos y la comercialización, ha indicado que el documento solo contempla “la inactivación” del alga y “llevarla a los sitios pertinentes”, permitiendo recoger los restos en la playa, destacando que esta biomasa “tiene un alto porcentaje de arena” con un “efecto en el compostaje muy complicado”. Ello supone, según la científica, un “hándicap al aprovechamiento”. Además, ha señalado que no se permite la recogida de la biomasa a “gran escala” en el agua, ya que “el impacto puede ser peor” a nivel ambiental al poder afectar a “otras especies”, por lo que solo “se pueden autorizar proyectos piloto”.

Korbee ha apuntado que el uso “más asentado” de Rugulopteryx okamurae es como “compostaje”, incidiendo en que el plan de gestión andaluz “no hace mención a otros aprovechamientos” y está limitado a la “agricultura”. En este punto, ha recordado posibilidades de uso del alga para fabricar suelas de zapatos o alguna prueba en cosméticos, destacando que es “complicado su aprovechamiento si trabajas con algas de la playa porque los componentes activos pueden verse alterados”.

La experta ha remarcado que lo que se plantea con la valorización de la especie es una “mitigación” para disminuir el impacto de la invasión pero “no es una solución al problema”. “Es retirar una biomasa que es como basura que no queremos, lo que no implica que los daños no van a persistir”, ha apostillado respecto a la pérdida de la biodiversidad marina.

El departamento desarrolla actualmente el proyecto ‘Beromed’, centrado en el ámbito ecológico y con el que se pretende “estudiar cómo responde el alga a cambios variables ambientales, su interacción con otras especies de plantas y algas y con animales herbívoros”, con una duración de 3 años.

Otro de los proyectos que ha desarrollado la UMA está liderado por el Departamento de Química inorgánica de la Facultad de Ciencias, relacionado con la extracción de “carbohidratos del alga para obtener moléculas precursoras de otros productos químicos” para generar “plásticos” o “biocombustibles”, según ha apuntado Cristina García, investigadora principal de la iniciativa, que se desarrolló entre 2019 y abril de 2022. Como resultados, ha indicado que en una fase preliminar se obtuvieron “algunos de esos productos” pero ha incidido en que “hay que seguir investigando y se necesita financiación”. La investigación ha continuado con una tesis doctoral.

La experta ha valorado que el plan de gestión de la biomasa aprobado por la Junta “quizás se queda corto” al abordar el uso solo de compostaje y fertilizante, por lo que abre la puerta a “regular” su uso comercial pero “lo están limitando”.

La Junta asegura que ha compensado al sector pesquero

Por su parte, la Junta de Andalucía ha destacado que “responde a su compromiso con la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la defensa de la riqueza natural y paisajística de su litoral, así como en el apoyo al sector pesquero afectado por el alga invasora”, recordando que ha solicitado al Gobierno central que “que asuma, se implique y actúe en un problema que afecta a toda la región y que se encuentra en el ámbito de la competencia estatal”

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz “se ha mantenido al lado del sector pesquero y ha respaldado a los pescadores de la región para compensar los perjuicios causados por la proliferación del alga con una inyección económica de 2.454.000 euros”. En la provincia de Málaga, ha asegurado que las líneas de ayudas habilitadas suman un total de 594.650 euros, con pagos que se han efectuado a un total de 132 beneficiarios.

Sobre el plan de gestión, ha apuntado que “permitirá afrontar el problema con criterios científicos, coordinación institucional y vocación de permanencia, integra objetivos generales, líneas estratégicas y actuaciones concretas” y que “la protección de especies autóctonas, hábitats amenazados y espacios protegidos constituye un objetivo central del documento.

El documento se estructura en torno a cuatro grandes líneas estratégicas, como son la investigación, la innovación y el desarrollo; la vigilancia y el seguimiento del proceso de invasión; la educación ambiental, la sensibilización social y la formación; y la gestión de la biomasa con la elaboración de protocolos técnicos que garantizan un tratamiento adecuado y seguro de los restos vegetales.