El retraso en la culminación de la red de infraestructuras con las que garantizar el tratamiento de las aguas residuales de los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga cuya ejecución fue asumida por la Junta de Andalucía se va a dejar sentir y mucho en las cuentas autonómicas.

Tanto es así que conforme al último acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de marzo, será la Junta la que tenga que pagar buena parte de la penalización millonaria a la que fue condenado el Estado español en 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir el mandato en materia el tratamiento de aguas. Una penalización que en origen fue de 12 millones pero que ya alcanza los 32,7 millones. La diferencia corresponde a dos multas coercitivas valoradas en 10,3 millones y correspondentes a dos semestres de retraso añadidos. El primero de ellos, el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2018 y el 25 de enero de 2019 y el segundo, entre el 26 de enero y el 25 de julio de 2019.

De esta factura global, que afecta a varias regiones, la parte que corresponde a la provincia de Málaga es apreciable, ya que alcanza los 6.147.800 euros. Una suma producto de la demora con la que las administraciones estatal y regional afrontaron la ejecución de las plantas de Nerja (Gobierno central), Bajo Guadalhorce, que garantiza el tratamiento de Coín; la EDAR Norte de Málaga, que hace lo propio con Alhaurín el Grande, y las mejoras en la planta de Estepona (Gobierno central). La suma que según el Ejecutivo central es imputable a la Junta quedaría rebajada a casi 3 millones, aunque es una partida creciente hasta que queden completadas las infraestructuras cuyo desarrollo asumió. Bien es cierto que la Administración regional puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

Salvo las actuaciones en Estepona, el resto siguen pendientes de su puesta en servicio. Aunque todo hace indicar que este paso definitivo se dará en los próximos meses en el caso de las instalaciones de Nerja y de Coín. A pesar de ello, de acuerdo con los datos oficiales del Ejecutivo central, el importante retraso con el que se han desarrollado ambas infraestructuras tiene una repercusión clara dentro de la sanción de la UE, alcanzando los 3,8 millones. De ellos, casi 2,5 millones se corresponden con el incremento de la penalización fijada por los últimos dos semestres.

La gravedad de estas multas queda rebajada por lo inminente de la culminación de ambos equipamientos. Algo que ocurre con la EDAR Norte que deberá tratar las aguas, entre otros, de Alhaurín el Grande. En este caso, el escenario se alarga en el tiempo al menos hasta finales de 2022 o principios de 2023. Lo que inexorablemente traerá consigo nuevos aumentos en la cifra sancionadora a la que tendrá que hacer frente la Junta.

El incumplimiento de las directrices comunitarias en lo que al tratamiento de Alhaurin el Grande se refiere ha supuesto hasta la fecha una multa de 1.537.972 euros, 1.270.000 euros por los dos últimos semestres. Conforme a esta realidad económica, por cada seis meses que pasen sin que la Junta sea capaz de poner en servicio esta planta tendrá que desembolsar del orden de 634.000 euros. O lo que es lo mismo, algo más de 100.000 euro al mes.

¿En que situación se encuentra este proyecto? El Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla reservó en las cuentas del presente ejercicio la suma de 10 millones de euros con la previsión de activar la obra de ejecución de esta infraestructura. Sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado en el procedimiento de contratación de los trabajos, estando aún a la espera de que se adecue el documento técnico.

A los pocos meses de su llegada a la Presidencia de la Junta, Moreno Bonilla, asumió el compromiso de licitar la obra y de que la misma estuviese completada y en servicio a lo largo de 2022. Habló de una inversión próxima a los 80 millones. La planta tendrá capacidad para tratar 70.000 metros cúbicos diarios, correspondientes a Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Torremolinos y varios barrios de Málaga capital.

La principal novedad ocurrida en las últimas semanas es que frente a las tesis manejadas por la Junta, el Gobierno fuerza a que sean las autonomías las que asuman los pagos correspondientes a aquellas infraestructuras que en su momento se comprometieron a materializar, llegando a declararlas, como fue el caso de Andalucía, como obras de interés autonómico.

Frente a este planteamiento, el Gobiern andaluz, en sus observaciones, apunta a los muncipios. "En ningún caso, la declaración de interés autonómico de la Comunidad Autónoma Andaluza produce el efecto de alterar o desplazar la competencia local en la materia, ni sería título atributivo de competencias, ni menos aún, de imputación de responsabilidad a la Comunidad Autónoma", adujo. Para el Gobierno, resulta particularmente relevante las mencionadas declaraciones del interés autonómico de las plantas retrasadas.