Les habría faltado sólo un chorreón de ron y un puñado de hielo picado para hacerse una piñacolada. En su receta incluían un ingrediente que les aportaría algo más que una borrachera. Transportaron 365 kilos de cocaína desde Málaga a Sevilla, oculta en un cargamento de piñas, con la ayuda de dos policías y un guardia civil. El beneficio habría alcanzado un valor de 14,4 millones de euros en el mercado si se hubiese vendido al por mayor. La banda que protagonizó los hechos continúa siendo juzgada, esta vez con una sesión repleta de testigos. 

En poco más de una hora han declarado nueve policías, la mayoría de Aduanas, y el empresario que alquiló a uno de los acusados la nave donde acabó el contenedor con la droga, en un polígono de Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla. Los agentes dejaron muy claro que controlaban perfectamente qué tipo de mercancía arribó a puerto para después ser trasladada hasta esta localidad tras hacer noche en Dos Hermanas. En la terminal analizaron el interior con un escáner portátil; después practicaron una cata (un agujero) al contenedor, del que salió “una sustancia blanca”; y el posterior “narcotest” de ese material dio positivo en cocaína. La Policía confirmó así la información que le había facilitado la Fiscalía cuando el barco zarpó desde Buenaventura Valle del Cauca, en Colombia.

También quedó aparentemente muy señalado Juan José M.S., el empresario que alquiló la nave donde acabó el camión con el remolque y el contenedor, en el polígono Novopark. Así, firmó ese contrato para entrar en la instalación pocos días antes de que el barco llegase a Málaga y después alquiló la carretilla elevadora (o torito) con la que otros acusados se disponían a descargar la droga en el momento de la irrupción policial. Es lo que declararon los responsables de la empresa que vende esa maquinaria. “Todos lo reconocían como la persona que realizó las gestiones de la nave y del torito”, dijo uno de los funcionarios de Aduanas.

El único testigo que no era policía explicó un par de curiosidades relacionadas con Juan José M.S.: una, que a pesar de su detención y su posterior procesamiento “siguió pagando” el alquiler de la nave hasta el pasado diciembre de 2023; y dos, que tras la entrada de la Policía Nacional, el 15 de septiembre de 2022, se vio obligado a cambiar la cerradura y este acusado también abonó eso.

El testigo, responsable de una conocida empresa de alimentación, indicó que arrendó la nave al encausado “menos de un mes” antes de que la Policía lo detuviese. Después concretó que ocurrió “entre el 7 y el 8 de septiembre”. La nave estaba “totalmente vacía” y se la entregó junto con un juego de llaves que las autoridades aún no le han devuelto.

El hombre también refirió que Juan José M.S. le explicó que necesitaba la nave “para montar algo de tema de construcción”, quizás para repartir el material que hasta entonces tenía concentrado en otra nave en Benacazón.

A mediados del mes de enero, el juicio a la red de narcotráfico resolvió un capítulo fundamental de una trama que ha llevado al banquillo de la Audiencia de Sevilla a once hombres, entre ellos dos policías nacionales, un guardia civil y un escolta del Ministerio del Interior. Los dos primeros y el último están acusados de custodiar el traslado de la sustancia estupefaciente, que fue interceptada en septiembre de 2022 en una nave de Carrión de los Céspedes. Y ese papel, sobre todo el de un subinspector de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer y un agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana, quedó corroborado ayer por los cinco investigadores que siguieron al camión que transportó la droga. Todos coincidieron en que ocupaban un Audi A6 que empezó a ir detrás del contenedor después de que el camionero parase en una gasolinera y que “claramente” realizaron “tareas de vigilancia”, tanto en el trayecto como en el polígono La Isla, en Dos Hermanas, donde la cabeza tractora con la mercancía ilegal pasó la noche anterior a su llegada a Carrión.

Los cinco agentes declararon entonces por videoconferencia desde Málaga ante el tribunal de la Sección Tercera. El primero, como ratificaron después los demás, contó que el camión hizo una parada en un área de servicio de la A-92 y allí se encontró con el Audi. Uno de sus ocupantes entró en el restaurante y dos se quedaron fuera, según narró otro testigo. “El subinspector tenía una actitud de superioridad de mando e incluso señaló hacia donde estábamos nosotros, nos grabó a nosotros y nuestra matrícula. Para disimular, entramos en el restaurante”, explicó un tercero.

El origen de la trama

Aquello ocurrió el 14 de septiembre de 2022. Y ya en esa parada, según observaron todos los policías, tanto los agentes supuestamente corruptos como el escolta tenían una “actitud vigilante” y escrutaban todos los vehículos que accedían a la gasolinera desde la autovía. Después reanudaron la marcha, con el Audi siempre “muy cercano” al camión con el contenedor donde estaba oculta la droga, y llegaron al polígono de Dos Hermanas, donde los encausados mantuvieron sus “funciones de contravigilancia”, como las describió el último agente en declarar.

Ese 15 de septiembre, ya en el polígono Novapark de Carrión de los Céspedes, las autoridades procedieron a detener a todos los implicados. En el caso de los policías y el escolta, lo fueron cuando aún estaban dentro del Audi “controlando todo lo que pasaba”. El subinspector iba armado, según detalló uno de los agentes que lo arrestaron.

También comparecieron entonces, igualmente por vía telemática pero desde Madrid, los dos policías que registraron los domicilios del subinspector y del otro agente. En el caso del primero, que formaba parte de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), entre otros útiles se encontró el DNI de otra persona y una placa de la Policía Nacional “no oficial”. Cuando la abogada del investigado preguntó al testigo si recordaba que hubo una época en la que los sindicatos regalaban llaveros y placas así, algunas de las policías presentes en la sala no pudieron evitar mirarse entre sí y reírse. El testigo, por su parte, respondió que no. Como curiosidad también, en la casa del agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana se hallaron las llaves de un coche que estaba “mal estacionado en una gasolinera”.

Ocho años de cárcel para cada uno de los 11 acusados

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía solicita ocho años de cárcel para cada uno de los once acusados que hay en esta causa y una multa de 45 millones de euros. Siete de ellos, incluidos los tres agentes y el escolta, permanecen en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2022, de ahí que acudan custodiados y esposados a la Audiencia cada día de juicio. Según el Ministerio Público, la droga que se intervino habría alcanzado un valor de 14,4 millones de euros en el mercado si se hubiese vendido al por mayor.