El secretario municipal de Almogía defiende la legalidad de su casa

El secretario del Ayuntamiento de Almogía, Antonio A., defendió ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga que instruye el caso Almoxía la legalidad de las viviendas que él y su hermano construyen en el pueblo, así como la actividad que ha desarrollado como funcionario de habilitación nacional encargado de velar por la legalidad de las decisiones municipales. Antonio A., imputado en delitos contra la ordenación del territorio, negociación y actividades prohibidas para funcionarios públicos, prevaricación y falsedad documental, precisó que tenía interés en comprar una casa en el pueblo, por lo que el policía local Francisco L., también encartado en este procedimiento, le comentó que había una parcela en venta y que conocía al dueño. En 2003 cerró el acuerdo en la propia finca, donde entregó una señal, aunque al día siguiente firmó el contrato en su despacho con el vendedor.

El secretario afirmó ante la magistrada que, de acuerdo con las normas subsidiarias que imperaban en aquel momento, era posible levantar dos viviendas en estos terrenos que tienen una superficie de 8.000 metros. En 2005 obtuvo la licencia de obras, aunque sin contar con el informe de la Junta de Andalucía porque había expirado el plazo de 30 días previsto por la ley para que la Administración regional emita su dictamen. En relación a su actividad municipal, el secretario reconoció que elaboraba informes estandarizados, aunque ésta es una práctica "habitual" que no resta rigor, más aún cuando el informe jurídico no tiene capacidad para cuestionar lo que estipula el informe técnico que es el realmente esencial para conceder las licencias de obra. También admitió que había propuesto para las infracciones urbanísticas sanciones en su grado mínimo porque eso es lo que "establece" la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, aunque en cualquier caso la decisión de imponer estas sanciones y la firma le correspondía al alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE), también imputado en esta causa.

Este funcionario también fue preguntado por los supuestos certificados de antigüedad de viviendas que presumiblemente elaboraban los agentes de la Policía Local. En este sentido no fue muy preciso al indicar que lo que los policías realizaban no eran certificados, sino "informes sobre el estado de las parcelas". Junto al secretario municipal de Almogía también declararon ayer el agente de la Policía Local Francisco L. , imputado en falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, su esposa, María Teresa L., a quien se le atribuyen los delitos de estafa, falsedad y tráfico de influencias, y Begoña A., funcionaria encargada de los expedientes de legalidad urbanística, imputada en falsedad.

Hoy está previsto que presten declaración ante la magistrada el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, otro agente de la Policía Local y dos concejales, junto a otras tres personas también imputadas en el caso. En conjunto se investiga la legalidad de una docena de actuaciones urbanísticas realizadas en terrenos rústicos.