Una sentencia ejemplarizante

El caso de Juana Crespo, que fue agredida en septiembre de 2007 por una madre a la que una sentencia condena a un año de cárcel, vuelve a centrar la atención de la comunidad educativa sobre este tipo de asaltos al profesorado en su puesto de trabajo. Y el haber conseguido que sea considerado atentado a un funcionario público es algo que satisface a sindicatos e instituciones. El delegado provincial de Educación, Antonio Escámez, considera que este resultado es "positivo para todo el mundo" ya que incide en que "la violencia no se puede permitir bajo ningún concepto y, además, es el peor ejemplo que se le puede dar a los alumnos", añade el delegado. Escámez señala que, al margen de estas actuaciones que se tratan del "cumplimiento de instrucciones fiscales", en el nuevo Reglamento de Organización de Centros "se plantea reforzar la autoridad magistral del profesor".

"Como dijo la consejera, desde esta institución estamos de parte del profesorado, se le brinda asistencia jurídica gratuita, se le reconoce su participación en los asuntos públicos y su papel de autoridad magistral", añadió el delegado provincial.

Por su parte, María Dolores López, del gabinete jurídico de Comisiones Obreras, considera que este tipo de sentencias que conllevan una pena privativa de libertad pueden tener un efecto disuasorio. "Es importante que el agresor sepa que no es una cuestión de dinero a lo que se expone al pegarle dos guantadas al maestro, sino que se arriesga a mucho más, hasta a una condena de cárcel", comenta la letrada.

Según María Dolores López, al producirse la agresión en un entorno en el que se intenta educar en valores, el profesor es víctima también en el contexto del aula. "Se produce una desautorización del profesional que les está enseñando a los niños que los conflictos han de solucionarse a través del diálogo", añade desde CCOO.

La secretaria general de Educación de UGT, María Teresa Blanca, estima que sentencias como éstas pueden suponer "un antes y un después en la tramitación de la agresión de un profesor". Desde este sindicato se aboga por los endurecimientos de las condenas a los agresores ya que "esto puede generar que los padres y los alumnos cambien de actitud". Además, añade Blanca que de esta manera "los profesores se pueden ver más reforzados y protegidos y que todo el mundo apueste por el diálogo".

La responsable de Enseñanza del sindicato CSI-CSIF, Ramoni Ruiz, recuerda el caso de Juana Crespo y sabe que esta pedagoga pasó muy malos ratos tras la agresión. "Nosotros siempre hemos defendido la autoridad pública del profesorado, y no es que nos alegremos de que la agresora vaya a la cárcel, pero hay que dejar claro que pegar a un profesor es un asunto serio", dice Ruiz. La responsable del sindicato también recalca que costó tiempo y esfuerzo que trasladaran a otro centro al hijo de la condenada.

Ramoni Ruiz cree que la sentencia "sienta un precedente" y que ya iba siendo hora de que el profesorado, "que está muy maltratado", goce de mayor protección. "Un docente no tiene que aguantar un maltrato de este tipo en su propio lugar de trabajo", añade.

Para Gonzalo Guijarro, portavoz de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, APIA, "evidentemente es importante que se considere la autoridad de los profesionales porque con la cantidad de agresiones que hay parece que urge". Y añade este profesor que "la indefensión en la que estamos tiene que terminarse, somos la primera autoridad pública a la que se enfrente el ciudadano".

Guijarro cree que los padres que pretenden abusar de los representantes de la sociedad "se están equivocando de medio a medio en la educación de sus hijos, porque eso es ya una espada de Damocles que se pone sobre una persona". No obstante, el portavoz de APIA también critica a la Junta por no conceder la autoridad a los docentes. "Aquí falta una norma general, una consideración mayor por parte de la administración", subraya. Aunque quizás lo más importante para todos es que casos como los de Juana no se vuelvan a repetir en los colegios.