Los socorristas lanzan un SOS

Los socorristas están con el agua el cuello. El presidente de la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, Juan José Maspons, alerta del vacío legal existente que permite a "empresas piratas" ofrecer servicios de socorristas con "personal sin formación" a comunidades de propietarios e incluso municipios para la vigilancia de piscinas y playas. "Hay empresas de servicios que se autoconvierten en las empresas de formación. Expiden certificados, que no títulos, y nadie regula esta situación, algo que le corresponde a la Junta de Andalucía", asegura Maspons. Fuentes del Gobierno andaluz reconocen la existencia de esas "lagunas legales" que están provocando, a juicio de Maspons, que el sector se encuentre en estos momentos "en una situación insostenible".

Fuentes del Gobierno andaluz aluden al reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo y a su artículo 25: "Toda piscina de uso colectivo cuya superficie de lámina de agua sea de doscientos metros cuadrados o superior deberá contar con un servicio de socorristas acuáticos con titulación válida para el desarrollo de actividades de Salvamento y Socorrismo Acuático expedido por organismo competente o entidad privada cualificada". Sin embargo, el documento da pie, según los socorristas, a que empresas sin cualificación se "adentren en el sector". "Este tipo de empresas esclavizan a socorristas que no tienen ningún tipo de formación. Los hoteles les pagan 3 euros a la hora y los sueldos no superan los 600 euros. Se están cargando este colectivo", se lamenta Maspons. A su juicio, las administraciones deberían poner coto a este tipo de prácticas porque la ligereza en materia de prevención o la contratación de personal no cualificado pueden derivar en penas de cárcel. Pese a ello, el presidente de la Federación Andaluza de Socorrismo alerta de que hay hoteles y asociaciones de vecinos que no son "conscientes del riesgo" de emplear a personal no cualificado.

De las 3.479 piscinas que hay en la provincia, la Costa del Sol acapara, según los últimos datos disponibles, el 72%. En segundo lugar, aunque a mucha distancia, se sitúa la Axarquía. Más de tres cuartas partes (83%) de las instalaciones corresponden a urbanizaciones y apartamentos. Los inspectores sanitarios también deben velar por que piscinas de más de 200 metros cuadrados dispongan de socorristas, tal como estipula la legislación vigente.