La huelga de los taxistas ha sido desconvocada pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto. De hecho, la propuesta del Ministerio de Fomento ha sido una patada hacia delante y es más que probable que en septiembre se vuelvan a repetir los paros. El Gobierno ha pedido dar las competencias sobre la cesión de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) -los que utilizan las plataformas como Uber o Cabify- a las comunidades autónomas y éstas no lo ven claro. Unas sí han accedido, con condiciones, y otras directamente no quieren comerse un marrón generado por el gobierno central que les va a ocasionar más problemas que alegrías.

El gobierno andaluz es socialista como el central y está abierto a colaborar, pero con recursos por medio. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, dijo ayer que si ese traspaso -cuyas condiciones se están estudiando para que se pueda producir a partir de septiembre- implica un gasto extra para la Junta de Andalucía pedirá el dinero correspondiente al estado central. El consejero se mostró dispuesto a "arrimar el hombro" con más inspecciones, pero recordó que aunque la Junta ha negado las licencias a VTC cuando se superó la ratio de 1-30, con "la interpretación de la normativa por parte de la Justicia, por la vía contenciosa-administrativa se han otorgado muchas de estas licencias".

El papel que adopte la Junta de Andalucía será clave, pero antes hay que sacar adelante esa normativa que permita el traspaso y tampoco será fácil. "La sensación es extraña porque tenemos el compromiso de Fomento de sacar esto como una ley y delegar las licencias en las autonomías que lo quieran hacer, pero hace falta una ley orgánica para poder hacer el traspaso, para ello se necesita mayoría absoluta y, por ahora, solo apoyan la medida PSOE y Podemos", explicó ayer Guillermo Díaz, presidente de la asociación de taxistas Elite Costa del Sol. Este representante de la patronal aseguró que el Tribunal Supremo les dio la razón al tener que cumplirse la ratio de una VTC por cada 30 taxis, "por lo que el problema es de voluntad política y si no se toman medidas volveremos a la calle en septiembre".

Los taxistas dicen que servicios como el de Uber o Cabify hacen competencia desleal porque tienen libertad de tarifas y de movimientos, mientras que los taxis tienen los precios regulados y no pueden recoger a viajeros fuera de su municipio. "Aceptamos la competencia de Uber y Cabify, pero no entendemos la imposición de no tener las mismas armas", añadió Díaz, quien acusó además a los conductores de esas plataformas de realizar actos que no tienen permitidos como estacionar en las paradas de taxis o cargar a clientes a mano alzada en lugar de con servicios precontratados.

Al margen de Uber y Cabify, el taxi tiene otros dos serios problemas. El primero es su falta de unión, que es palpable en cualquiera de sus asambleas. En la de la noche del miércoles, para desconvocar la huelga, hubo todo tipo de reproches aunque finalmente se alcanzara cierto consenso. El segundo es que los propios taxistas tienen intereses encontrados y así es imposible progresar.

En 2014 ya protagonizaron otra huelga contra el famoso decreto 11/85, que impedía a los taxistas de la capital recoger a clientes en otros puntos de la provincia. La Junta de Andalucía les ofreció la posibilidad de crear un área de prestación conjunta, es decir, que todos los taxistas pudieran trabajar libremente en los municipios de Málaga que llegaran a un acuerdo. "Sería ideal", dijo ayer Díaz. Pero nunca se hizo por culpa de las administraciones y de los propios taxistas. En primer lugar, los ayuntamientos interesados no unificaron los criterios de impuestos, licencias o actuación de la policía local y, en segundo, había taxistas a los que esa área conjunta no les interesaba porque perdían dinero. Dicen algunos taxistas consultados que en Marbella se han llegado a pagar hasta 400.000 euros por una licencia de taxi y en la capital ronda los 120.000 euros. Con un área de prestación conjunta, todo el mundo podría trabajar en todos sitios y los que han pagado más por una licencia se sienten engañados.

La competencia de Uber y Cabify es uno de los problemas del taxi, pero no el único en un sector que, además, puede estar condenado a desaparecer en apenas una década si entran en servicio los vehículos sin conductor, que ya llevan varios años en pruebas.