Un testaferro, condenado por apropiarse de acciones
El dueño de un concesionario de coches formalizó la venta de los valores para que los acreedores no lo embargaran
La Audiencia de Málaga ha impuesto un año de cárcel y seis meses de multa al administrador fiduciario del concesionario de coches Diseño Motor 4 por apropiarse de la sociedad aprovechando que dueño real había puesto las acciones a su nombre para esquivar a los acreedores.
La sentencia detalla que el 4 de marzo de 1994 Lázaro Porras, legítimo propietario de Diseño Motor 4, formalizó ante notario la venta de 3.980 acciones de la sociedad a Manuel Martín por un importe total próximo a los 40 millones de pesetas (240.000 euros). Sin embargo, la venta "se realizó en concepto estrictamente fiduciario, con la intención final de salvaguardar el patrimonio del señor Lázaro Porras frente a posibles acreedores, dada la mala situación por la que estaba pasando".
Cinco años después el dueño de esta sociedad que explota un concesionario de Opel en Mijas reclamó a su testaferro que le devolviera las acciones, pero Manuel Martín se negó. A partir de ahí comenzó un largo y tortuoso procedimiento civil que concluyó en el Tribunal Supremo en 2002 dando la razón a Lázaro Porras.
Tras la resolución del Alto Tribunal Manuel Martín y su mujer instaron a la parte contraria a que indicara "notaría, día y hora para llevar a cabo la transmisión de las acciones, no habiendo obtenido respuesta por la actora al respecto", según recoge la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga.
El tribunal entiende que se produjo un delito de apropiación indebida porque Manuel Martín recibió exclusivamente "el encargo de la mera detentación" de las acciones "en calidad de fiduciario del verdadero titular de tales acciones". Agrega que el testaferro en lugar de atenerse a lo pactado en el momento de firmar el documento privado de compra venta actuó "como propietario" real, llegando incluso a instar la convocatoria de la junta universal de accionistas y obligando a Lázaro Porras "a acudir a la vía civil" para recuperar la propiedad de sus acciones y obtener el reconocimiento del carácter fiduciario del contrato.
Aunque Manuel Martín ha sido sentenciado por apropiación indebida a un año de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros podrá beneficiarse de la suspensión de condena, ya que carece de antecedentes penales y se trata de una pena inferior a dos años de cárcel. Además, la sentencia es recurrible.
Entre los testigos de la causa figura otro administrador fiduciario que también detentó acciones pero que las devolvió cuando se lo pidieron.
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