El administrador de la empresa Conextram, a través de la que supuestamente se pensaba pagar un soborno al concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, sugirió ayer que el origen de esta investigación estuvo viciado por las relaciones de amistad que existen entre el denunciante y un miembro de la Udyco. José Burgos El Perola denunció al concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande porque, según dijo, le pedía 120.000 euros por una licencia de obras. Presumiblemente, el cohecho tenía que pagárselo a Conextram, una sociedad administrada por un militante del Partido Popular que tenía encargada a la asesoría de la esposa del alcalde del municipio, Juan Martín Serón (PP), sus asuntos laborales y fiscales y en la que, además, trabaja la mujer de este empresario.

El administrador de la sociedad, Manuel Márquez, declaró ayer en el juicio como testigo y explicó que antes de que se precipitara el caso Troya y la Policía detuviera al alcalde y a su concejal de Urbanismo, junto a otras 18 personas, El Perola fue a verlo una noche, "un poco ebrio, aunque es normal en él", para advertirle que gastara cuidado porque le había dicho "su amigo Diego de la Udyco" que estaban investigando al alcalde y que lo iban a detener. El testigo relató que el promotor le contó le habían instado a pagarle a él una donación que había prometido al Ayuntamiento para las obras de la plaza de La Libertad que él ejecutaba. Y agregó que El Perola no quería pagar esta compensación comprometida porque "su amigo Diego de la Udyco" le había sugerido que vendiera la parcela porque la Policía investigaba a su socio por el caso de Marbella.

También detalló que la noche de las detenciones coincidió con el denunciante ante la casa del alcalde, que la Policía registraba, y que posteriormente fueron en su coche hasta otra vivienda del regidor. "Estaba ebrio y lo llevé para que no cogiera el coche". Durante el trayecto volvió a referirse a su relación con "Diego de la Udyco". El juicio seguirá hoy con la declaración de otros testigos del caso Troya.