El 'tijeretazo' del Gobierno afecta a 230.000 funcionarios y pensionistas

Unos 230.000 malagueños llevan desde ayer por la mañana con un mosqueo más que considerable. Son los empleados públicos y pensionistas a los que les afecta directamente la decisión anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de rebajar el sueldo una media del 5% a los funcionarios a partir de junio y suspender la revalorización de las pensiones que no sean mínimas o no contributivas en 2011. Según datos facilitados por el sindicato Comisiones Obreras, en la provincia hay unos 65.000 empleados públicos -incluyendo a todas las administraciones- y unos 163.400 pensionistas que sí entran en las medidas propuestas por el Gobierno con el objetivo de ahorrar 15.000 millones de euros en dos años y pasar de un déficit público del 11,2 al 5,2%.

El mensaje de Zapatero fue ayer, sin duda, lo más comentado en la provincia y, más aún, entre el funcionariado, que está que trina después de que haya visto su sueldo congelado en dos ocasiones en los últimos 20 años, que vaya a cobrar menos en lo que queda de 2010 y que en 2011 el salario se va a volver a congelar. Joaquín Fernández, presidente en Málaga del sindicato CSI-CSIF -uno de los más fuertes entre los funcionarios- explicó ayer a este diario que el recorte de sueldo anunciado "es una barbaridad y un atropello". Pérez destacó que "no tenemos por qué soportar la ineficacia de este presidente del Gobierno" y recordó que en septiembre del año pasado "hicimos un acuerdo con la Administración para una moderación salarial del 0,3% porque éramos conscientes del problema existente en el país, pero no vamos a pagar siempre nosotros los platos rotos".

El presidente local de este sindicato consideró necesario que se reduzcan los gastos públicos, "pero que se haga en subvenciones políticas, en eliminar consejerías, ministerios innecesarios, la tercera vicepresidencia del Gobierno o empresas públicas que se crean sin sentido para colocar a personas". Pérez, visiblemente enfadado, afirmó que esta medida "es insultante", exigió la "dimisión" de Zapatero "porque ha perdido toda la credibilidad" y señaló que su sindicato adoptará medidas de presión en toda España.

En los dos sindicatos mayoritarios la respuesta fue similar. Antonio Herrera, secretario general provincial de CCOO, subrayó que son medidas "absolutamente insolidarias e injustas, sumisas al interés de los mercados financieros y que prefieren reducir el déficit frente a la generación de empleo o una reforma que combata el fraude fiscal". Por su parte, Manuel Ferrer, secretario general de UGT en Málaga, señaló que "es lamentable que el Gobierno disminuya a los funcionarios el 5% del sueldo porque hay un 25% de precariedad en la Administración Pública y, al contrario de lo que se piensa, el 30% de los funcionarios no llega a los 1.000 euros". Ferrer también consideró "injusto" el plan del Gobierno porque "rompe el acuerdo que había con los empleados públicos".

Los sindicatos mayoritarios siempre habían rechazado la posibilidad de hacer una huelga general. Hasta ayer. Ferrer afirmó que "no esperábamos este cambio tan duro del Gobierno con unas medidas que son una irresponsabilidad total, por lo que vamos a pedir una rectificación de esa política o haremos medidas contundentes, entre las que se encontraría la convocatoria de una huelga general". Herrera también abogó por una respuesta "contundente sin descartar la huelga general".

El recorte de salarios siempre es impopular. No obstante, Zapatero argumentó ayer en su discurso que es "imprescindible" y tiene apoyos. Francisco Villalba, director de Analistas Económicos de Andalucía, cree que Zapatero "ha empezado a entrar en razón porque esta es la línea que hacía falta, al margen de que aún es necesario acometer la reforma del mercado laboral o la flexibilización del sector servicios". Villalba apuntó que "la llamada de atención de la UE ha servido para ponernos las pilas" y subrayó que "hay vencimientos de deuda en los próximos meses importantes que hay que pagar y el dinero tiene que salir de algún sitio". Según este experto, "si no se hacen este tipo de medidas posiblemente hubiéramos acabado como Grecia".

Una de las dudas ayer era si la reducción de salarios a los funcionarios afectaba sólo a los estatales o también al resto de Administraciones. La bajada de sueldos es general y, en el caso de Málaga, tendrán que aplicarla todos los organismos públicos. Fuentes del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial -que agrupan a unos 3.000 funcionarios- aseguraron ayer a este diario que están a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la próxima semana un decreto ley con estas medidas para ver cómo efectuar los recortes, pues Zapatero anunció una rebaja media del 5% pero no se conoce cuál es el baremo a seguir.