Hace cinco años que Ernesto Carlos García sufrió un accidente laboral y desde entonces ha estado sumido en "un auténtico calvario". Era constructor de estructuras metálicas. Un día, mientras bajaba de un andamio fijo con escaleras, apoyó mal el pie dejando caer el peso sobre la rodilla derecha. "Yo escuché en ese instante cómo crujió", recuerda. A partir de ese momento, comenzó su sufrimiento. 

Después de ser intervenido quirúrgicamente, García comenzó a tener dolores fuertes y persistentes. "Mi diagnóstico, según la Mutua, es que muchas de mis lesiones físicas me las estaba creando yo psicológicamente. Esto me hundía cada vez más", reconoce. 

Tras siete meses en la Mutua de Madrid, sin una solución, le dieron el alta médica y la Seguridad Social decretó que estaba apto para volver a su puesto.  "Obviamente no podía trabajar. Me quedé sin nada. Me dejaron con una ayuda familiar de 426 euros para tres personas, porque mi hijo era menor y mi mujer tenía que atenderme ya que necesitaba muchos cuidados", explica. Además, recuerda que durante esa etapa tuvieron que pedir ayuda para que les dieran alimentos. Ernesto García denunció su caso, pero la jueza consideró que, pese a existir lesiones, no eran definitivas. 

El afectado pasó a la Unidad del Dolor del Hospital Clínico de Málaga, donde le detectaron "varias patologías derivadas de la intervención quirúrgica del accidente", cuenta. Dolor permanente en la rodilla izquierda con lesiones degenerativas y de menisco, así como radiculopatía leve crónica -disminución de la función sensitiva o motora de una raíz nerviosa que se encuentra dispersa en el área donde se ubica una raíz o nervio dorsal de la médula espinal-. A esta incapacitación física se añaden trastornos de ansiedad y depresión motivados por este hecho.

Así, el 8 de noviembre de 2019, Ernesto García contrató los servicios del abogado Damián Vázquez (colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente) y volvió a presentar una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y Fraternidad Muprespa Mutua Colaboradora con la Seguridad Social en la que reclamaba que se le reconociese la situación de incapacidad permanente absoluta para la profesión habitual de montador de estructuras metálicas derivada de accidente de trabajo, con abono de las prestación correspondiente.

El 24 de mayo de 2021, el Juzgado de lo Social número 1 dictó sentencia, cuyo fallo era favorable para el demandante. Según el escrito, se le reconocía la invalidez y "una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, con los mínimos, incrementos, mejoras y revalorizaciones correspondientes".

Si bien, la Mutua recurrió la sentencia y no ha sido hasta el 29 de junio cuando la Sala de lo Social ha desestimado el recurso presentado por la entidad colaboradora, por lo que Ernesto Carlos García continuará cobrando su paga por invalidez. "No tengo bastante con tomar hasta diez pastillas diarias de morfina y necesitar que mi mujer me ayude a tareas básicas como meterme en el plato de ducha, que además he estado un año intranquilo esperando la resolución definitiva", apunta.