El trazado del Metro se acerca a los tribunales

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya tiene sobre su mesa la negativa de la Junta de Andalucía a condonarle el pago de los primeros 32 millones de euros que le correspondientes a la obra del Metro. La comunicación, esperada desde hacía varios días, supone de facto el inicio de la cuenta atrás a la espera de conocer la determinación que adopta el equipo de gobierno del PP que, según fuentes próximas a este asunto, podría disponer de dos meses de plazo para acudir a la vía judicial. Una opción que, todo apunta, será la que finalmente tome el regidor popular en el intento por impedir participar con un solo euro en los trabajos de construcción de esta infraestructura.

De la Torre, que confirmó la llegada del escrito autonómico, rehusó, no obstante, precisar cuándo se actuará por parte del Consistorio y, al ser cuestionado por el momento en que llevará la cuestión a los tribunales, afirmó: "Cuando corresponda". Toda apunta, en cualquier caso, que será más tarde que pronto, en el intento por dejar correr el tiempo y por aprovechar el impás del plazo para tratar de alcanzar un acuerdo con la Consejería de Fomento que deje en nada la reclamación.

Según desveló el regidor, lo remitido por Fomento es "un escueto escrito, sin ninguna argumentación y sin ninguna explicación". Comunicación ante la que el equipo de gobierno "hará lo que proceda hacer" sobre la base de una argumentación jurídica, por cuanto la aportación municipal estaba contemplada en el convenio origen del proyecto como un anticipo a la espera de que el Gobierno central aportase su dinero, y política. Sobre esta última, volvió a comparar la situación de la capital de la Costa del Sol con Sevilla, donde la Junta acordó con el Ayuntamiento hispalense una addenda al convenio para sustituir la aportación económica al Metro por obras de movilidad sostenible, vía que quiere recorrer en los mismos términos el Consistorio malagueño.

Por el momento, Fomento se niega a ello, apuntando la necesidad de alcanzar un acuerdo global sobre la financiación del ferrocarril urbano, lo que afecta no sólo a los tramos ya ejecutados por la concesionaria, de los que resultan los mencionados 32 millones, sino también de los tajos asumidos por la Junta para ejecutarlos de forma directa, que supondrían como poco otros 30 millones más. Frente a esta posición, la del equipo de gobierno es clara, aunque en sentido contrario, dado que se niega a hacer frente a tal cuantía.

De materializarse la remisión de la factura del Metro a los tribunales, será la tercera ciudad en la que ocurre algo parecido, puesto que tanto en Granada como en Sevilla la disputa con la Administración regional ha llevado a sus equipos de gobierno a la vía judicial. Aunque con suerte dispar. En el segundo caso, Juan Ignacio Zoido, como alcalde de Sevilla, logró inicialmente el favor del TSJA, que impidió a la Junta cobrarle el dinero relativo a la explotación del Metro hasta que haya una decisión judicial firme.

Mientras, en Granada, la negativa del Consistorio a pagar parte de la infraestructura recibió el varapalo del Alto Tribunal andaluz, lo que posibilitó al Gobierno regional retener parte de lo que el Ayuntamiento recibe de la Participación de los Ingresos del Estado.