El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha dado la razón a una empresa malagueña a la que la Agencia Tributaria (AEAT) le reclamaba 12 millones en concepto de cuota tributaria de IVA e Impuesto de Sociedades así como los correspondientes acuerdos de sanción impuestos a la sociedad como resultado de unas actas de inspección que se realizaron en la misma.

La resolución recoge que la AEAT vulneró los derechos fundamentales del contribuyente y de diversos trabajadores por cuanto se procedió a la incautación de material fotográfico de carácter personal que pertenecía a los empleados y que contenía, entre otras, “imágenes de menores” que “no guardaban la mínima relación con el objeto de la inspección”.

La entrada y registro en la empresa, situada en el polígono industrial Guadalhorce, se remonta a 2018 y había sido autorizado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga. Durante esas actuaciones, los funcionarios intervinieron documentos personales, lo que llevó a la entidad a interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales y solicitar el precinto cautelar de la información.

La Agencia Tributaria dictó actas de inspección, posteriores acuerdos de liquidación y los de imposición de sanción. En total, le reclamaban un total de 12 millones. Una vez confirmada la existencia de vulneración de derechos fundamentales en sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la empresa, que se dedica a la exportación, importación y distribución de productos alimenticios y bebidas, prosiguió con la reclamación contra las liquidaciones y acuerdos de sanción dictados por la AEAT, lo que ha culminado con la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central. Así, la inspección debe considerarse "un acto nulo de pleno derecho”, con lo que se anula también el procedimiento y, por tanto, las liquidaciones dictadas así como las sanciones impuestas.

El tribunal resalta que los "archivos informáticos en formato fotográfico deben someterse a un más estricto control previo al volcado de archivos", ya que la vulneración de derechos fundamentales "es más evidente en este tipo de documentos". 

Denuncian el "volcado indiscriminado de datos personales"

En palabras del economista y abogado Juan Carlos Robles, socio de RD asesores, despacho tributario que defiende a la empresa, los funcionarios que actuaron  no solo “se tomaron la licencia de decomisar temporalmente los móviles de los empleados, impedir la libre circulación de estos, desconectar ordenadores y servidores y dispensar un trato humillante y vejatorio hacia el empresario y sus trabajadores”, sino que también realizaron “un volcado masivo e indiscriminado de datos de los ordenadores personales de los trabajadores”.

"De no haber actuado con rapidez", aseguran los profesionales de RD asesores, "se habría ido al traste una de las empresas más prosperas de Málaga y de la que viven más de 150 familias".Según Robles, cuyo despacho está especializado "en procedimiento tributario y, especialmente, en la defensa del contribuyente ante este tipo de inspecciones", en los últimos años ha detectado "una avalancha de inspecciones articuladas mediante la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido". "Durante estas entradas domiciliarias, la violación de los derechos y garantías del contribuyente, lejos de ser esporádica, se ha convertido en un problema sistémico. Al margen de la total ausencia de soporte legal para llevarlas a cabo, la violencia que suelen imprimir a estas entradas y el consciente y deliberado atropello a los contribuyentes ha convertido algunas provincias como Málaga en un infierno tributario que padecen miles de empresarios", apostilló el economista y asesor de la empresa.