Dos nuevos fallos judiciales contrarios van a obligar al Ayuntamiento de Málaga a devolver a sendas promotoras algo más de 600.000 euros después de que los tribunales hayan anulados las liquidaciones que en su día les practicó por la venta de varios inmuebles.

De acuerdo con las dos sentencias, a las que tuvo acceso este periódico, emitidas por los juzgados de lo contencioso 1 y 7 de Málaga, en ambas operaciones se demuestra que las ventas de las viviendas y garajes, en uno de los casos, y de un solar, en el otro, se realizaron por un valor muy inferior al que tuvieron que desembolsar las empresas cuando los compraron.

Especialmente llamativo es el caso de la inmobiliaria Cimenta 2 Gestión e Inversiones, a la que, según el dictado judicial, el Consistorio va a tener que devolver 375.828 euros. En este caso concreto, considera que no ha lugar a la liquidación practicada por el organismo municipal en concepto de Impuesto de Transmisiones, dato que en ningún caso la empresa se lucró con la venta de la parcela, situada en la Avenida Jorge Luis Borges. La enajenación tuvo lugar el 14 de diciembre de 2016.

De manera precisa, la sentencia refleja el histórico del solar afectado, que fue adquirido en julio de 2008 por Cajamar por el valor de 19.183.220 euros. Tras la fusión de la entidad en octubre de 2012 con Caja Rural del Mediterráneo, Rubalcaba, Sociedad Cooperativa de Crédito, para crear Cajas Rurales Unidas, realizó un traspaso de activos a Cimenta 2 en julio de 2013.

Algo más de tres años después, en diciembre de 2016, es cuando la promotora vendió la finca a un tercero por 8 millones de euros, a cuya vista practicó el Ayuntamiento la liquidación impugnada inicialmente ante el Jurado Tributario del Consistorio. Para sustentar su demanda, la empresa presentó dos informes de sociedades de tasación.

En el otro caso, la suma a devolver es de 226.515 euros. La demandante es la entidad Imantia Capital, que actúa como sociedad gestora del Fondo Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario, FII. En su caso, la impugnación se produjo ante la liquidación girada por el Ayuntamiento tras la venta de 118 inmuebles (viviendas y garajes), arguyendo que la misma se hizo "con notoria pérdida de valoración, lo cual se demuestra por la diferencia de valor declarado entre la escritura de compra y la escritura de venta".

Lo ahora ocurrido guarda mucha semejanza con lo sucedido hace más de dos años, cuando otras dos promotoras lograron que los tribunales ls reconociesen el derecho a no tener que abonar el impuesto de plusvalía. Las beneficiarias fueron la Sociedad Azucarera Larios, S.A. y a Holcuma, S.L. Las cuantías compensatorias fueron muy inferiores, de 29.035,87 euros para la primera y de 64.626,99 euros para la segunda.