Los tribunales libran a De la Torre de pagar 18 millones por la obra del Metro

Después de recibir dos reveses judiciales en la pugna que mantiene con la Junta de Andalucía por las facturas emitidas por la construcción del Metro de Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, respira. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar una sentencia en la que acepta los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno del PP, rebajando a menos de la mitad los 32,2 millones de euros que le venía exigiendo la Consejería de Fomento por las liquidaciones de obra realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. A pesar de ello, el tribunal andaluz sigue forzando al Consistorio a asumir el pago de 14,3 millones por este mismo concepto, en correspondencia con el convenio que las dos administraciones firmaron en 2003 y que sirvió de base para el posterior impulso de la infraestructura ferroviaria.

Tomando como referente este acuerdo, el TSJA cree justificada la razón esgrimida por el Ejecutivo local, en el sentido de detraer del montante global los 12,5 millones de euros que el Consistorio fue adelantando en los primeros años de la actuación por la parte que Gobierno central tenía que financiar. Dado que esta premisa ya se ha cumplido, puesto que el Estado ya ha desembolsado unos 50 millones de euros, se avala la disminución de la factura municipal. El compromiso original dejaba en manos de la Junta y el Ayuntamiento el adelanto del 33% del coste que se le iba a exigir al Estado, a razón de un 75% y 25%, respectivamente.

"Se ha de coincidir con la parte actora [Ayuntamiento]] en que la cantidad consignada en las liquidaciones como valor de la obra realizada no está motivada pues no hay forma de saber si corresponde a los costes que pudieran estar previstos en el convenio de 2003 o a los resultantes después del cambio de trazado", relata la sentencia, que parece dar a entender que el Ayuntamiento no ha de responder por aquellas partes de la obra que fueron objeto de modificaciones de trazado.

La decisión fue asumida ayer en la Casona del Parque con satisfacción. "Nos tranquiliza mucho y nos deja confortados porque se nos reconoce la razón", afirmó el regidor del PP tras conocerse la sentencia. "Hay que interpretar nuestra colaboración en el marco del convenio que firmamos en 2003 y los cambios que se han hecho a nuestras espaldas, sin nuestro conocimiento, no pueden repercutir en el ámbito municipal", sostuvo el alcalde.

No obstante, el TSJA también recuerda la existencia de una segunda obligación financiera por parte de la institución local, en el sentido de pagar "la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real en un 25% a partir de la entrada en servicio de las líneas y por un tiempo de treinta años". Un precepto igualmente recogido en el convenio de 2003, que eleva a la categoría de "acto administrativo que ha de considerarse firme y consentido, al no constar que hubiere sido impugnado y, por tanto obliga a las partes suscribientes en todos sus términos".

Bien es cierto que la cláusula relativa a la financiación del Metro recogida en el acuerdo original imputa al Consistorio una aportación de 102,2 millones de euros en la parte relativa a la explotación, siempre sobre un presupuesto "determinado por el trazado base pactado por ambas administraciones", condicionándose la cifra final a otras variaciones "correspondientes al alzado y forma constructiva, del número de viajeros y de las condiciones económicas de la oferta que resultaba adjudicataria".

Poco tiene que ver el Metro de hoy con el que se pensó trece años atrás. Muestra de ello es que de una inversión prevista de 360 millones de euros se ha pasado a unos 750 millones, mientras que los costes de explotación del suburbano rondan los 70 millones de euros anuales. El interrogante es si la posición del TSJA validará la posición del alcalde, que pretende pagar sólo en los términos económicos que se formularon el 2003.

A ojos de la Consejería de Fomento, que dice no tener aún en su poder la sentencia, "lo realmente importante es que el tribunal reconoce que el Ayuntamiento tiene que pagar su inversión en el metro, algo que todavía no ha asumido el Consistorio y que, según la resolución, serán 14,3 millones de euros los que tendrá que sufragar por este concepto". No será hasta que analicen en profundidad el contenido del fallo cuando el ente autonómico tomará la decisión de recurrirlo o no, así como los criterios utilizados por el Tribunal andaluz, "al mantener su discrepancia sobre la cuantía establecida por la Justicia y no corresponderse con lo cálculos y parámetros de las obras realizados por la Junta".

Al tiempo, el departamento encabezado por el consejero Felipe López abunda en que el TSJA "pone de relieve con claridad que el Consistorio tiene obligaciones económicas en cuanto a la subvención por la explotación del suburbano, un aspecto que todavía la Junta no ha reclamado al Ayuntamiento". "Tiene que cumplir con estas obligaciones económicas que la Justicia reconoce y también con los compromisos adquiridos y pactados para el desarrollo y culminación de la red completa del metro en la capital", apostillaron desde la Administración regional.

La compensación, pendiente del tramo al Civil

La existencia de un fallo judicial que entra en el fondo del conflicto existente entre las dos partes abre la puerta de par en par a la Junta a iniciar la retención de ingresos al Consistorio para satisfacer esta deuda. Más aún cuando el mecanismo de compensación que se ha venido manejando para anular los costes municipales de la obra está hoy por hoy descartado. Desde hace meses, Fomento subraya que la posibilidad de alcanzar un acuerdo en esta materia queda condicionada a que el Ayuntamiento dé luz verde a la prolongación del Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. Con ello, las dos partes cumplirían dos de los principios marcados en el protocolo de intenciones firmado en noviembre de 2013, que delimitaba el cambio de trazado del ferrocarril urbano, llegando hasta la Alameda Principal bajo tierra y hasta la zona norte, en superficie. La posición municipal es contraria a esta última derivada.