El último acusado en el "caso Intelhorce" niega haber defraudado a Hacienda

Málaga/José Vela, el último de los acusados juzgado por el "caso Intelhorce", ha negado hoy ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga que defraudara a Hacienda y ha afirmado que nunca tuvo nada que ver con las presuntas irregularidades en la privatización y quiebra de la textil.

El procesado ha afirmado que sólo participó "en el traspaso de un local de calle Larios a un señor que tenía una tienda de Benetton" y ha negado haber tenido relaciones con el propietario de Intelhorce al tiempo que ha destacado que con dicha operación "no hubo beneficio ni ánimo de lucro".

Entre sollozos, el acusado ha relatado que este tema sólo le ha traído preocupaciones, un cáncer de piel y otro de próstata.

"Yo no me he comido ni bebido nada, y los sinvergüenzas se están poniendo medallas", ha apostillado.

Por su parte, la fiscalía malagueña entiende que el acusado ha cometido un delito contra la Hacienda por una operación de traspaso de un establecimiento en la que pudo haber defraudado 21 millones de las antiguas pesetas (126.212 euros) de impuestos generales de la operación.

Jose Vela es uno de los acusados para los que el Tribunal Supremo ordenó en 2004 la repetición del juicio sobre las presuntas irregularidades en la privatización y quiebra de la textil.

El Tribunal Supremo ordenó en 2004 que se celebrase un juicio por delito fiscal contra el empresario malagueño Cristóbal Peñarroya, el intermediario Wilfredo Charles Pérez, José López García y José Vela Martín, propietarios de unos inmuebles vendidos a Intelhorce.

Estas personas habían quedado fuera del proceso judicial durante el macrojuicio de Intelhorce al entender la Audiencia malagueña que los delitos por los que estaban acusados habían prescrito y que alguno de los hechos que se les imputaban no eran delictivos, como el de Hacienda Pública.

El Tribunal malagueño consideró que no se podía acusar por este delito a los cuatro encausados porque la acción administrativa se dirigió contra ellos cuando ya se habían superado los cuatro años, por lo que esta Sala consideró que ya no había deuda tributaria que exigir y, por lo tanto, no había delito.

Por su parte, el TS entendió que el plazo de prescripción del delito fiscal era de cinco años e independiente del plazo de prescripción de la deuda tributaria, de cuatro años, por lo que anuló el sobreseimiento de la causa decretado por la Audiencia malagueña y ordenó la celebración del juicio contra estas cuatro personas.

Tras la muerte de José López, sólo se juzgó a Wilfredo Charles P. y Cristóbal Peñarroya, los cuales llegaron a un acuerdo y se les condenó por la misma Sección Tercera a seis meses y un día de prisión menor y a la multa de 170.393 euros.

Y sólo quedó pendiente "una prueba documentada del fallecimiento" donde se acreditara su defunción y la celebración de una nueva vista oral contra José Vela Martín.

En el caso Intelhorce se investigaron las irregularidades en la privatización y gestión de la factoría malagueña y se convirtió en su día en el juicio más largo de la historia judicial española, en la que se tuvo que repetir desde el principio la vista oral después de que se hubieran desarrollado diez meses de sesiones.

La jubilación del primer presidente del tribunal, Miguel García López, determinó que se decretara la nulidad de todo lo actuado, además de otros incidentes como recusaciones de los miembros de la Sala, embarazos de una abogada y la fiscal, y muertes del secretario judicial y de más de un imputado.