El último cerco a la vivienda turística en Málaga: la Junta garantiza que no haya ni una más en la capital

Con más de 12.000 viviendas turísticas en la ciudad, y más de 40.000 en la provincia de Málaga; el cerco sobre ellas es cada vez más estrecho. Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Gobierno de España está actuando cada vez más para administrar lo que, a tenor de las medidas, se ha vuelto un problema: el crecimiento descontrolado del uso turístico en pisos y casas. El último paso ha sido dado por la administración autónomica, que este lunes anunció una nueva herramienta que no aceptará las declaraciones responsables en lugares, como la capital, donde la normativa urbanística las prohíba.

En Andalucía el único requisito para empezar a operar como piso turístico es presentar una declaración responsable, es decir, un documento en el que el titular certifique que cumple con las exigiencias legales y urbanísticas. En ese momento el alojamiento puede funcionar legalmente y es la administración la que debe comprobar que, como había afirmado previamente, se satisfacen todos los requisitos y, en caso contrario, revocar la licencia, lo que podía llevar a una apelación que demorase el proceso y durante la que el piso seguía alquilándose para vacacional.

A partir de esta semana, esto seguirá funcionando así, a excepción de aquellas ciudades en las que, como Málaga, se haya puesto coto vía ordenanza o plan urbanístico a las viviendas de uso turístico (VUT). Según han informado desde la Junta empezará a funcionar una herramienta que revocará automáticamente las declaraciones responsables en las ciudades o barrios donde los ayuntamientos hayan topado.

Entre las limitaciones planteadas, el sistema contempla la suspensión del alta de viviendas de uso turístico por un periodo determinado o número máximo de viviendas por zona. Dicho mecanismo implicaría que, aquellas declaraciones responsables de alta en las que concurrieran dichos incumplimientos urbanísticos, no llegarían a inscribirse.

Dicha medida representa mayor seguridad jurídica para el ciudadano ya que, en caso contrario, quedaría expuesto a un proceso de cancelación y posible depuración de responsabilidades. Además, se avanza en la reducción de las cargas administrativas que se derivan de los posteriores procedimientos de cancelación y sancionador por incumplimiento.

Más inspección

No es el único paso dado esta semana por parte de la administración andaluza. El martes, anunció la creación del grupo Titán, dentro de la policía autonómica. El mismo promete intensificar la inspección y lucha contra actividades ilegales, llevando a cabo una intensa inspección de servicios turísticos para detectar alojamientos no registrados e incumplimientos de la normativa, combatiendo así las actividades ilegales o no registradas. Hay que recordar que en la provincia de Málaga sólo hay siete inspectores turísticos, por lo que este refuerzo, teniendo en cuenta que son más de 44.000 viviendas, es necesario.

Se reforzará la presencia de la UPA en el entorno digital mediante la ciber vigilancia avanzada, realizando patrullaje en internet para localizar ofertas de alojamientos y servicios turísticos clandestinos, así como posibles fraudes o delitos asociados en las plataformas digitales, lo que constituye un paso clave contra la economía sumergida. Desde la Consejería de Interior informan que, en este momento, los agentes trabajarán centralizados, desplazándose en caso de que sea necesario, y una vez que se incorporen los 270 nuevos agentes que esperan durante los próximos cuatro años, podrá haber un equipo en cada provincia.

"Apoyamos plenamente la lucha contra la oferta irregular, pero pedimos que el foco se ponga en quienes no están registrados y no en quienes ya cumplen con las normas", ha declarado al respecto el presidente de la patronal de viviendas turísticas en Andalucía, Juan Cubo, quien considera clave la colaboración entre administraciones y el sector para un turismo "seguro, justo y competitivo".

8.000 pisos menos anunciados en la provincia

La otra parte del cerco la puso el Gobierno de España cuando exigió que todos los pisos estuvieran inscritos en un Registro Único. En caso de que no lo hicieran, no obtendrían una suerte de matrícula que es obligatoria para estar anunciados en los portales web más comunes, como Booking o Airbnb. En su última visita a Málaga, para un mitin de su partido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció que daría de baja 8.000 anuncios en la provincia, el lugar donde más pisos incumplían. En Málaga capital fueron 1.471 las que no cumplían con el requisito.

Moratoria en la capital

Y en la capital concretamente, el alcalde, Francisco de la Torre, tuvo que imponer una moratoria este mes de agosto. La misma fue anunciada el 14 de ese mes y empezó a funcionar el 22. Hasta ese momento había negado en múltiples ocasiones que fuera a hacerlo, bajo el pretexto de que la moratoria era un contenido vacío, que no llegaba más lejos de las medidas (como la zonificación o la necesidad de entrada independiente). Lo que ocurrió fue que desde que se implantó la prohibición en barrios saturados –aquellos con más de un 8% de presión turística sobre la vivienda– hasta el pasado agosto, estos crecieron en 10. Es decir, de los 43 que había en el momento de su implatación, este agosto se contaban por 53, con más de un millar de pisos turísticos extra inscritos.

Entonces De la Torre reconocía que las medidas estuviesen siendo lo efectivas que en el Consistorio pensaban que iban a ser. Con todo, los registros han crecido a pesar de la moratoria completa. Si el 14 de agosto estaban 12.845 pisos turísitcos en el registro andaluz, este martes eran 31 más, 12.876. Tres decenas que habrían sido revocados automáticamente con el sistema que ha anunciado la Junta de Andalucía.