Los vecinos del centro de menores de Churriana denuncian a Urbanismo las deficiencias en el proyecto

Hace ahora un mes la Junta de Andalucía anunció que Málaga volvería a tener un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), después de haber cerrado el último en Torremolinos, gestionado este por la propia administración regional. Los vecinos de Churriana se levantaron un viernes de abril con la noticia en prensa de que lo que hasta ahora había sido una residencia de monjas, pasaría a alojar a jóvenes que cumplen con las medidas privativas de libertad impuestas por los jueces.

Ahora, los vecinos de la zona se han puesto a hincar codos y estudiar la documentación la que se ha licitado el centro de menores. Ya han presentado varios escritos a Urbanismo. El primero paralizó la obra y le daba diez días a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridiano, la empresa a la que se ha concedido el CIMI por cuatro años y 21 millones de euros, y le daba 10 días para solucionar las deficiencias en las declaraciones responsables presentadas.

La semana pasada, después de seguir estudiando expedientes, presentaron un segundo, en el que muestran varias deficiencias en la declaración responsable que presentó la propiedad del edificio para las obras que necesitaba el mismo. En ella encontraron varias deficiencias "notables", explica Alejandro Vedia, presidente de la comunidad de vecinos de El Olivar y aparejador de profesión. "Varios vecinos somos técnicos y nos empollamos la documentación y vimos que 'tenía menos papeles que una liebre', que decía mi padre".

Entre ellas, la más importante, es la necesidad de la renovación del aire, algo que exige el Código Técnico y que defienden en el escrito que no cumplen. Tampoco con la instalación eléctrica o la necesidad de tener placas fotovoltaicas para calentar el agua. Lo cierto es que, pese a todo, estos son requisitos que, pese a que no se cumplen, son subsanables, reconoce Vedia. "Si los hacen en dos meses me sorprendería", asegura, a la vez que afirma que, pese a todo no dejan de estar en manos de la Junta de Andalucía.

Con respecto al escrito presentado en Urbanismo, señalan fuentes del ente, que "cuando esté el informe jurídico se contestará a los vecinos".

"El sentimiento es que ellos, por muchos que le alegas, responden que todo está bien. Estamos en sus manos, son ellos los que quieren traer a los menores aquí y los que tienen que velar porque el proceso esté bien", apunta resignado. Ya interpusieron un recurso previo que fue inadmitido por parte de la Junta de Andalucía, que les abría la puerta al recurso contencioso administrativo. Vedia afirma que están esperando el primer acto administrativo como tal para poder iniciarlo "hasta ahora no se ha dado".

Tanto es así que la Junta ni siquiera ha formalizado el contrato con Meridianos, a pesar de que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, afirmó recientemente que pretendían abrir el CIMI y acoger a los primeros menores con la entrada de junio. Según la documentación por la que se ha licitado el contrato, al menos cinco días antes del inicio del mismo, la entidad adjuicataria debe presentar ante la Junta una memoria técnica visada justificando que el inmueble cumple con todos los requisitos.

Fuentes de la Consejería indicaron que se han reunido con los vecinos para explicar en qué consiste un CIMI y precisan que no es el único centro de este tipo en un casco urbano en Andalucía, están los de La Jara, en Sevilla, o El Molino, en Almería, "que llevan años funcionando sin problema". También se reunieron el pasado viernes con Junta, Ayuntamiento y empresa, sin que ninguna de las partes modificase las posturas que traían.

Ante la inquietud vecinal, ofrecieron detalles sobre el sistema de justicia juvenil y quieren tranquilizarlos porque se trata de menores que cometieron delitos, pero que están privados de libertad y no saldrán a las calles del barrio, salvo por motivos sanitarios, en cuyo caso lo harían acompañados y con seguridad del centro. Lo cierto es que el pliego de condiciones detalla que los menores podrán estar régimen cerrado, pero también habrá otros lo tendrán semiabierto, abierto o con permisos de fin de semana.

Los vecinos defienden, también, que el inmueble no es apto para este cometido porque cuenta con 1.000 metros cuadrados menos que los que se aconsejan como mínimos en la memoria justificativa del proyecto, que también señala la necesidad de contar con pistas deportivas (al menos 900 metros cuadrados) de las que carece. Aunque estos no son requisitos indispensables en el pliego.

Vedia recuerda que el procedimiento para la concesión de este CIMI quedó desierto la primera vez que la Junta intentó impulsarlo, "porque piden una cosa muy extraña, que una empresa experta en reinserción y educación de menores cuente con el inmueble. Es como si pides contratar a un dentista que sea carpintero. Pues sólo se presentó una empresa".

El proyecto fracasado en Jarazmín

No es la primera vez que se inician los trámites para abrir en Málaga un centro de internamiento de menores infractores, sin que el proyecto haya llegado a culminarse. El último intento fue el de instalarlo en una residencia de mayores sin uso del barrio de Jarazmín. A finales del pasado mes de septiembre la empresa promotora, Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con sede en Murcia, desistió de seguir adelante con el procedimiento tras, meses atrás, acordar la Gerencia Municipal de Urbanismo archivar el expediente de la actuación extraordinaria en suelo rústico y, además, encontrarse con que hasta doce asociaciones de vecinos, colectivos y personas a título particular del distrito Este presentaron escritos en contra.

Antes, en el año 2023, la Consejería de Justicia lanzó otro concurso con un presupuesto de unos 8,5 millones de euros para empresas interesadas en poner en marcha un CIMI en la provincia y que, finalmente, fue declarado desierto.

La provincia de Málaga no posee ningún centro de estas características en estos momentos, después de que el 1 de abril de 2021 la Junta echase el cierre al Centro de Menores San Francisco de Asís, ubicado en Torremolinos, argumentando que era el único de toda la región gestionado de forma directa por la administración regional al estar el resto privatizados. Una decisión que ha obligado a los menores condenados en Málaga a ser distribuidos en otras centros andaluces (sobre todo en Córdoba y Granada) donde cumplir su pena más alejados de sus familias.

La adjudicataria defiende la legalidad

Meridianos, entidad adjudicataria del proyecto, asegura que cumple de forma estricta con la normativa urbanística municipal y con los requisitos materiales establecidos en el pliego de licitación de la Junta.

Añade que, según el informe técnico del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, se considera apto para su uso como centro tutelado de menores y que el equipamiento está clasificado como Servicios de Interés Público y Social (SIPS), conforme al PGOU de 2011 vigente, y que es "un uso compatible".

También indica que el proyecto garantiza el cumplimiento de la ley, de modo que no se alteran parámetros urbanísticos, y que la licencia de obra se ha tramitado mediante declaración responsable conforme a la ley.

Precisa que un Centro de Reforma CIMI como este es una institución destinada a jóvenes que cumplen una medida judicial derivada de la comisión de un delito y que su fin es educativo y de reintegración social: "No debe confundirse con un Centro de Menores Migrantes no Acompañados ni con un centro de protección de menores".

Meridianos gestiona centros de menores infractores en diferentes comunidades autónomas, en Andalucía los CIMI de Almería y Córdoba. La comunidad de propietarios pide la revisión y anulación de la declaración responsable presentada para la adecuación del inmueble al entender que se ha "utilizado este instrumento de forma indebida".

Este periódico ha vuelto a preguntar por el estado de la documentación, sin haber obtenido al momento de cierre de la edición respuesta alguna.