Málaga paraliza las obras del nuevo centro de menores infractores por falta de documentación

El Ayuntamiento de Málaga ha paralizado de forma cautelar, por falta de la documentación necesaria, las obras de un Centro de Internamiento de Menores Infractores que ha suscitado una importante oposición de los vecinos de la zona, que incluso se están movilizando con acciones administrativas y judiciales.

Según la resolución de la Gerencia de Urbanismo, a la que ha tenido acceso EFE, se ordena la imposibilidad de iniciar las obras o la suspensión con carácter "inmediato y cautelar" de los trabajos, ya que adolecen de la "documentación esencial" para acreditar el cumplimiento de la declaración responsable presentada.

En concreto, no hay proyecto de ejecución donde queden justificadas las plazas de aparcamiento, ni certificado de Intervención del director de las obras, ni separata de protección contra incendios, ni separata de obras de urbanización o certificado de innecesariedad.

El responsable deberá aportar en diez días desde la recepción de esta resolución los documentos necesarios, si no la declaración responsable será "ineficaz" y se dará traslado a la Inspección Urbanística para que incoe un procedimiento de restablecimiento sobre las obras que se hayan hecho.

Si presenta toda la documentación requerida y se emite informe favorable, se levantará la suspensión y podrán seguir las obras.

La instalación de este futuro centro en Churriana ha generado un gran revuelo en la zona. La comunidad de propietarios de la Urbanización El Olivar anunció un contencioso administrativo contra la adjudicación de tal servicio por parte de la Junta de Andalucía, tras haberle sido rechazado un recurso administrativo previo.

Fuentes de la Consejería de Justicia informaron de que se habían reunido con los vecinos para explicar en qué consiste un CIMI y han recordado que no es el único centro de este tipo en un casco urbano en Andalucía, ya que están los de La Jara, en Sevilla, o El Molino, en Almería, "que llevan años funcionando sin problema".

Desde la Consejería precisan que esos centros se asemejan a un entorno educativo, aunque con medidas de seguridad al estar privados de libertad, por lo que destacan que la actividad de este CIMI -con 50 plazas- no influirá en la vida cotidiana del barrio y que la obra prevista garantizará preservar la intimidad hacia fuera del centro y hacia dentro.

La comunidad de propietarios planteó ante la Gerencia Municipal de Urbanismo una acción pública en el expediente que persigue "la adecuación de un edificio residencial en Centro de Internamiento de Menores Infractores", lo que considera que se hace "quebrando el espíritu del Plan Parcial y del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que el uso sea residencial".

Meridianos, entidad adjudicataria del proyecto, aseguró que cumple de forma estricta con la normativa urbanística municipal y con los requisitos materiales establecidos en el pliego de licitación de la Junta.