Temor e incertidumbre. Esas son algunas de las sensaciones expresadas ayer por los máximos responsables de las federaciones de asociaciones de vecinos de la capital ante la revisión del Catastro y el efecto que ésta puede tener sobre el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El representante de Unidad Adolfo García Gálvez puso de relieve la necesidad de que en este proceso de adecuación de los valores se tenga en cuenta, de manera especial, el estado en el que se encuentra el bolsillo de los ciudadanos. "Hay que prestar atención a las circunstancias en las que está cada sector de la población", apostilló, al tiempo que anunció su deseo de solicitar de forma inmediata una reunión con el equipo de gobierno del PP para que le explique en detalle la estrategia diseñada para afrontar el nuevo escenario. En relación a la idea de subir el IBI conforme al IPC en los próximos tres años, García Gálvez recordó que ese parámetro está en estos momentos en el 5%, que podría ser elevado para algunos vecinos.

El presidente de Cívilis, Antonio Fuentes, se pronunció en la misma línea. Si bien consideró razonable que se trate de acortar la "enorme" distancia que hay entre el valor real de la vivienda y el catastral, demandó que esta labor de adecuación se haga "de una forma que resulte casi imperceptible". "Dar cualquier paso al frente en el momento en que nos encontramos y lo que nos espera en los próximos años es echar leña al fuego", sentenció.

El responsable de Solidaridad, José Enrique Rivas, fue claro al afirmar que la situación económica que se vive "no permite mucho aumento de impuestos". "Lo que quisiéramos es que esa subida se aplazase a otros años, cuando la situación sea mejor", dijo.