Agentes pertenecientes al Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, en el marco de la denominada operación 'Cattus', han detenido a una persona e investigado otras dos por la supuesta comisión de los delitos de falsedad documental, intrusismo profesional, desobediencia a los agentes de la autoridad y tráfico ilegal de especies protegidas. Asimismo, han esclarecido 960 hechos delictivos relacionados con el intrusismo profesional veterinario.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga tras haber detectado la aparición de cartillas de primovacunación que no se correspondían a las editadas y distribuidas oficialmente por el Consejo Andaluz del Colegio de Veterinarios.

Los investigadores del Seprona pudieron relacionar las cartillas falsificadas con un criadero clandestino de gatos, con una tienda de animales y con un consultorio veterinario ubicado en la localidad de Coín, corroborando que las mismas habían sido utilizadas y distribuidas junto con los animales (perros y gatos) a otras provincias del territorio nacional, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Según testimonios aportados a los agentes por números clientes que habían acudido a la tienda de animales, había sido la misma titular del establecimiento, que carecía de la correspondiente titulación veterinaria para realizar actos clínicos, quien había implantado microchips, realizado diferentes tratamientos veterinarios y cumplimentado diversa documentación que solo puede ser realizado por un facultativo.

Así, los agentes procedieron a realizar una inspección en el establecimiento de venta de animales que estaba siendo investigado, donde se intervino diversa documentación, un sello consultorio, viales de vacunas, aplicadores de microchips y 847 cartillas de primovacunación falsificadas que estaban siendo utilizados por esta persona.

Once ranas protegidas por el CITES

Asimismo, intervinieron once ranas protegidas por el Convenio Internacional CITES que se comercializaban ilegalmente en el citado establecimiento.

Por otro lado, consultado con diferentes registros oficiales de identificación animal y con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Málaga, pudieron comprobar que algunas de estas vacunas y el alta de los microchips habían sido registradas por una veterinaria, que no había participado en estos actos clínicos, blanqueando de esta manera los hechos ilegales investigados.

Estos hechos llevaron a que los investigadores procedieran a la detención de la responsable del establecimiento, imputándole un total de 960 hechos delictivos, principalmente por la administración de vacunas y a la investigación de otras dos personas, entre ellas una veterinaria.

Según el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga estas conductas suponen una competencia desleal y un daño y perjuicio económico para todo el colectivo y para los propios clientes que creen que sus animales están siendo tratados con todas las garantías por un profesional veterinario. Se estiman que los perjuicios económicos causados por estos hechos ascenderían a 100.000 euros.