El jeque del Málaga se enfrenta a 14 años de prisión por el caso Al-Thani
Apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos, los tres presuntos delitos que cometieron el jeque y sus tres hijos (Nasser, Nayef y Rakkan), para los que se solicita la misma pena
¿Por qué se pide prisión para los Al-Thani?

Un paso importante en la maraña que envuelve a la situación judicial del Málaga CF. La Fiscalía solicita una pena de prisión de 14 años para el jeque Al-Thani y para cada uno de sus tres hijos, Nasser, Rakan y Nayef, por tres presuntos delitos: apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. Son los tres conceptos delictivos que el ministerio público observa una vez analizada toda la documentación en este farragoso proceso. También hay petición, como informó Sur y pudo ratificar este periódico, de penas para cinco ejecutivos del club que tuvieron responsabilidad en la gestión de la entidad en el periodo en el que se cometieron los presuntos delitos: Moayad Sahatat, Vicente Casado, Manuel Novo, Joaquín Jofre y Roberto Cano.
La Fiscalia no se centra sólo en la petición de prisión, sino que solicita la inhabilitación para administrar sociedades mercantiles durante la misma extensión de tiempo y el pago de indemnizaciones por responsabilidad civil en la época de los supuestos delitos. 8,5 millones de euros era la fianza impuesta por la jueza para que el jeque pudiera recuperar el control del club y las acciones, de hecho era una condición sine qua non con los interesados en comprar el club con los que Al-Thani ha hablado, que asumieran esa cantidad antes de empezar a hablar sobre cifras más concretas por el traspaso accionarial, que en su caso no ha permitido.
La denuncia presentada por la APA más de seis años atrás por esos presuntos delitos cometidos por Al-Thani comenzaron un proceso que derivó en la administración judicial en febrero de 2020 y que ahora tiene al club en una situación saneada pero con techo de cristal después de más de cinco años. Ahora empiezan a verse las conclusiones del ministerio público, pero, según las fuentes consultadas, tampoco implica un inminente cambio de escenario en la situación accionarial hasta que no se avance con el juicio.
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