La Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado ha detectado "graves incumplimientos" medioambientales en el vertedero ilegal del paraje del Río de la Miel de Nerja. Un informe pericial que se incorpora a la causa iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectara graves peligros medioambientales en este enclave ubicado en el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Entre otros, se detectó el riesgo potencial de incendio por no gestionar los gases producidos en la masa del residuo, siendo algunos de ellos inflamables y, por tanto, con riesgo de explosión por autocombustión. Ayer, la unidad técnica de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado daba a conocer a través de la agencia Efe sumaba a la lista una serie de incumplimientos normativos que se cometieron al cierre de explotación de esta cantera. Entre otros los relacionados con minas, residuos, aguas, espacio natural protegido, incendios forestales y riesgos para la salud de las personas.

El ministerio público indica en el documento que cuando el titular de la explotación estaba finalizando esta actuación, en junio de 1998, mediante un escrito firmado por el entonces alcalde, José Alberto Armijo (PP), se le notifica que debía emplear en las labores de restauración de la cantera los escombros que el Ayuntamiento había autorizado depositar. Posteriormente, en enero de 1999, la empresa explotadora solicitó al Ayuntamiento que cesasen los vertidos de escombros en la cantera, al objeto de comenzar los trabajos de restauración, "siendo incompatibles las dos actividades simultáneamente".

La creación de un vertedero en la zona dio lugar a diversas denuncias y expedientes sancionadores contra el Consistorio, que la Fiscalía recoge en su informe pericial. Para la Fiscalía, el hecho de no haber realizado el plan de restauración no es achacable a la entidad explotadora, sino que se debió al vertido de escombros acordado por el Ayuntamiento. "El espacio minero afectado por la cantera no ha sido restaurado por el responsable de la explotación debido al depósito de residuos autorizado por el alcalde de Nerja", precisó la Fiscalía en el informe en el que añade que el simple relleno de escombros no se considera un proyecto de restauración, ya que éste debía ajustarse a la normativa.

La investigación que destapó la operación Rubbish (basura en inglés) comenzó a finales de agosto de 2016 pero no fue hasta principios de junio de 2017 cuando, la Guardia Civil bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox abrieron la causa judicial. El Instituto Armado ya advirtió entonces que los vertidos se habían realizado "a sabiendas de su ilegalidad y con conocimiento de la existencia de plantas autorizadas en la zona y de la normativa de aplicación". Incluso se llegaron a expedir certificaciones acreditativas a clientes de que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados.