El Ayuntamiento de Marbella aprobará en el pleno del próximo viernes 27 de julio el pliego de condiciones para la licitación de la contratación del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), según anunció ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tras la recepción del informe jurídico-urbanístico elaborado por el equipo de expertos en Derecho Administrativo sobre la situación generada por la anulación del PGOU de 2010. "Queremos contar con el mejor equipo técnico del país para que elabore un plan que estará basado en la realidad de Marbella y será liderado por el Ayuntamiento", señaló la regidora. "Han hecho un análisis muy exacto sobre cuáles pueden ser las posibilidades, qué es lo que ellos entienden que tiene que ser la base jurídica para un nuevo planeamiento y, sobre todo, para dar esa seguridad urbanística que esta ciudad merece y necesita", agregó.

El grupo de expertos encargado tanto de la redacción del informe sobre la situación urbanística de la ciudad como del pliego de condiciones para la redacción del nuevo plan ha estad formado por cuatro catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga (UMA) en colaboración con los técnicos municipales de Urbanismo del Ayuntamiento. "Se abre un periodo muy importante para el futuro de la ciudad y el área de Urbanismo", apostilló la regidora, que estuvo acompañada por la concejala de Ordenación del Territorio, Francisca Caracuel.

El siguiente paso en materia urbanística será la aprobación definitiva de la adaptación del Plan General del 86, que entró en vigor después de que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el plan del año 2010, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), también en el pleno del próximo viernes. "Entendemos que Marbella necesitaba cuanto antes poder disponer de una hoja de ruta que se ha venido cumpliendo a lo largo de este último año", apuntó Muñoz.

En cuanto al informe entregado ayer, señaló que el Ayuntamiento deberá ahora estudiarlo en profundidad y avanzó que "el equipo redactor deberá ceñirse a las bases jurídicas que recoge el informe y contará con el asesoramiento de expertos".