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Marbella recupera para uso público una de las fincas más emblemáticas de Roca

  • La Caridad y Siete Corchones ya forman parte del patrimonio municipal

  • Muñoz no descarta su uso como equipamiento deportivo

Muñoz muestra las llaves de la propiedad junto a vecinos de la zona. Muñoz muestra las llaves de la propiedad junto a vecinos de la zona.

Muñoz muestra las llaves de la propiedad junto a vecinos de la zona.

Marbella sigue recuperando parte del patrimonio expoliado por la corrupción para desarrollar nuevos equipamientos públicos. La ciudad ya ha incorporado a su patrimonio municipal dos de las fincas más emblemáticas del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, que fueron embargadas en el caso Malaya. Se trata de la finca de La Caridad y la de Siete Corchones, que pasan a ser propiedad del Ayuntamiento para su uso público.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, firmó este lunes la recepción de ambas propiedades ante el notario Eduardo Hernández y junto al administrador judicial, Juan Macías, en un acto celebrado en el interior de la finca de La Caridad que esconde numerosas piezas de valor, desde carruajes, obras de arte, retratos de toreros y trofeos taurinos, entre otras colecciones.

La entrega de llaves de estas dos fincas se produce apenas unos días después de que el Pleno ordinario del pasado viernes aprobara por unanimidad de todos los grupos políticos u incorporación al patrimonio municipal. Se trata de las dos primeras propiedades inmobiliarias que pasan a manos del Consistorio procedentes de causas judiciales con sentencia firme.

El interior de La Caridad esconde numerosas piezas de valor, obras de arte y colecciones

En concreto, la finca de La Caridad, de 81.000 metros cuadrados de superficie, forma parte del pago de las responsabilidades civiles por los casos I y II, que ascienden a 24,3 y 42,4 millones de euros, respectivamente. Se encuentra ubicada en la carretera entre SanPedro Alcántara y Nueva Andalucía y está valorada en más de cinco millones de euros.

En cuanto a la finca de Siete Corchones, esta está ubicada en la carretera de Istán, cuenta con una superficie mayor de 123.000 metros cuadrados y está tasada en 1,5 millones de euros.

“Si hay algo que durante todos estos años hemos venido reclamando es, no solamente que se devuelvan las cantidades que se saquearon de la ciudad y que, por lo tanto, vengan partidas presupuestarias para sacar proyectos adelante, sino también que mucho de ese patrimonio tenía que haber servido para equipamientos públicos se devolviera a la ciudad”, manifestó la alcaldesa, que aseguró el uso de la misma lo decidirán los vecinos, si bien apuntó que “una de las graves carencias que tenemos son de equipamientos deportivos, por lo que se tendrá que estudiar como prioritario la posibilidad de que podamos tener una Ciudad del Deporte, que permita que muchas de las modalidades que actualmente no se pueden practicar se lleven a cabo”.

No obstante, antes el equipo de gobierno deberá promover en los próximos meses los cambios de calificación del suelo para su uso como equipamiento público. “La calificación de este suelo es rústico, por lo que hay que hacer una innovación, que podremos tramitarla de manera inmediata, una vez que el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 está acogido a la legalidad vigente urbanística”, explicó.

Ambas propiedades están valoradas en su conjunto en más de 6 millones de euros

Las propiedades ya recepcionadas se suman a los más de 15 millones de euros recuperados en lo que va de año por indemnizaciones de las distintas causas judiciales por corrupción con sentencia firme. A esta cantidad se suman también los 2,3 millones de euros procedentes de los casos Saqueos I y II que se destinarán a la adecuación de la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella, una residencia de ancianos y una escuela de música y danza para San Pedro Alcántara, las tres actuaciones más votadas por los ciudadanos. Igualmente, la alcaldesa no descarta que se sigan produciendo nuevas incorporaciones al patrimonio municipal antes de las elecciones, como el helipuerto, la finca anexa al hospital Costa del Sol en la que se espera construir el Palacio de Justicia, y otra parcela propiedad de Roca en la cascada de Camoján.

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