Un incremento “unilateral” de la tasa de ocupación de las terrazas y condiciones que califican de “abusivas”. Así lo denuncian más de medio centenar de locales de Puerto Banús, en pie de guerra con la concesionaria por el uso de las terrazas del recinto portuario. El problema surgió a finales del 2017, cuando Puerto Banús realizó una subida en el cobro por el uso de estos espacios de hasta un 25 por ciento a todos los comerciantes, lo que ya de por sí generó una preocupación entre los empresarios. Sin embargo, el conflicto se ha visto agravado este mismo ejercicio con incrementos que superan hasta el 500 por ciento en algunos casos. Así, un local que en 2018 pagaba un canon anual de 25.492 euros al año en 2019 pasaría a pagar 143.852 euros.

Denuncian una subida de las tasas y nuevas condiciones que se niegan a aceptar

A estas tarifas, además, suman una serie de condiciones generales que no están dispuestos a aceptar y que han denunciado ante la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), como la obligatoriedad de los comerciantes a entregar las llaves de sus locales a la concesionaria así como sus datos de facturación cada seis meses, la imposición de medidas estéticas o la facultad de paralizar obras y ordenar el desmantelamiento de las mismas, entre otras tomas de decisiones.

Ante esta situación, los empresarios se han agrupado para solicitar un informe sobre la legalidad de los incrementos repercutidos a los locales así como del alquiler de las terrazas y de la calificación urbanística de estos espacios, cuyas conclusiones han sido entregadas por registro de entrada al Ayuntamiento de Marbella este mismo jueves. En dicho documento, al que ha tenido acceso este periódico, se pone de manifiesto que gran parte de estas terrazas se encuentran sobre vía pública, en zonas que originariamente eran calles y plazas del puerto y que con los años han sido ocupadas por los locales, con lo que estarían fuera de la concesión del puerto y, por tanto, exentas de pagar a la concesionaria.

El escrito hace referencia al acuerdo plenario del 11 de julio de 1995 en el que se determina que las superficies ocupadas por las terrazas de los negocios de Puerto Banús “tienen la consideración de dominio público”. “El viario de carácter público efectivamente está siendo ocupado por los propietarios y/o titulares de los distintos locales en la zona de Puerto Banús, lo que determina que la entidad no tiene título ni legitimidad para exigir el cobro de rentas por la ocupación de dichos espacios”, asegura, por lo que solicitan la regularización de los mismos y el abono de la correspondiente tasa al Consistorio marbellí. Este mismo acuerdo fue recurrido por Puerto Banús, que fue inadmitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ratificado por el Tribunal Supremo en 2003.

Asimismo, también se recogen informes técnicos municipales en los que se deniega la licencia para llevar a cabo el cerramiento de algunas terrazas al estar estos en “zona peatonal” o por “encontrarse los terrenos sobre los que se pretende actuar calificados por el Plan General vigente como viario público”.

Sin embargo, como consecuencia ante la negativa de los empresarios a firmar las condiciones generales impuestas por el puerto y a pagar la correspondiente tasa, la concesionaria les ha cancelado las tarjetas de acceso al recinto portuario que tenían abonadas hasta el mes de mayo como medida de presión, dificultando la entrada de los proveedores de los restaurantes y comercios para poder abastecerlos, situación que han denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella por presuntas coacciones y prevaricación. “Actualmente la situación de los locales es de extrema gravedad y algunos de ellos que estaban en proceso de abrir nuevos negocios se han quedado bloqueados y cerrados por este motivo, ya que no pueden acceder a los mismos”, señalan, lo que podría suponer la salida de Puerto Banús de algunas de las grandes marcas internacionales instaladas en la primera línea y que se han visto afectadas por este conflicto.

Al mismo tiempo, denuncian el envío masivo de circulares a los propietarios de los negocios así como a los inquilinos de los mismos con amenazas de órdenes de desahucio, en su mayoría grandes marcas, si no proceden al abono de estas cantidades, lo que ha generado gran inquietud entre los empresarios. Entre otras medidas, denuncian el bloqueo de algunos negocios con bloques de hormigón en la entrada de los locales que pueden verse desde esta misma semana en el puerto.