Las quejas sobre la administración de fincas por parte de la empresa del exalcalde de Mijas y presidente del PP de la localidad, Ángel Nozal, se expanden a otras comunidades de propietarios de la Costa del Sol, por lo que los varios vecinos han creado una plataforma de afectados por su gestión y han pedido amparo al Colegio oficial de administradores de fincas de Málaga y Melilla.

La portavoz del colectivo es la colaboradora de televisión Aída Nízar, que posee una vivienda en la urbanización Cabopino de Marbella, en la cual varios residentes han solicitado por la vía judicial las cuentas de la comunidad de propietarios. La publicación del caso en los medios de comunicación ha provocado que otras urbanizaciones hayan contactado a través de las redes sociales con Nízar, quien ha asegurado que hay al menos otras 8 zonas residenciales afectadas.

En concreto, ha hecho alusión a las urbanizaciones Cabopino, Las villas de Cabopino -localizadas en la calle de la playa- y Las mimosas de Cabopino fase 4 de Marbella, mientras que pertenecen a Mijas las zonas residenciales de Riviera del Sol, Butiplaya, Jardinana Azalea, el Club la Costa y El Hinojal, ha declarado la empresaria, quien ha señalado que todas ellas tienen en común que están gestionadas por la empresa de Ángel Nozal, en la que ha indicado que el popular “es el titular de la administración al 100% y su mujer es la administradora”.

La ‘Plataforma de afectados por Nozal y Van Gaalen’ se ha constituido para “alzar la voz de unos comuneros afectados por la presunta corrupción y administración desleal de unos crápulos”, ha apuntado la colaboradora televisiva. “Adoro ser Aída Nízar porque me entusiasma dar voz a los más débiles”, ha remarcado, asegurando que los comuneros “tienen miedo porque hay muchos intereses”. 

Según ha indicado, tras la puesta en común de las mencionadas urbanizaciones destacan acciones por parte de la administración como “elegir a empresas que trabajan en la comunidad a su conveniencia en beneficio propio, niegan dar información” o la destruyen, o tener todas el seguro con una compañía de la que ha señalado que supuestamente el exalcalde y la pareja son “representantes en la Costa del Sol”. “No dan partes y cuando indemnizan, luego pasan la factura a la comunidad” presuntamente, ha agregado.

Otras de las presuntas irregularidades que se cometen en las urbanizaciones por parte de la empresa del popular son “nóminas de trabajadores que se pagan de más, abogados que se pagan en b o introducir la figura del graduado social por 1.600 euros”, cuando “en la propuesta de la administración estaba todo incluido”. A ello ha sumado que “en ninguna comunidad hay reclamo de deuda legal y luego se embarga, pero sí acoso y hacen la vida imposible”, “los contratos de los ascensores por un 50% más” o los supuestos tratos de favor a los presidentes.

Ante esta situación, vecinos de las urbanizaciones Butiplaya, Cabopino, Riviera del Sol y la calle de la playa, además de Altos de los Monteros, siendo ésta última la única que no está gestionada por la empresa de Nozal; mantuvieron el pasado miércoles una reunión de “3.5 horas” con el presidente del Colegio de Administradores de Málaga, Manuel Jiménez, al que expusieron las numerosas quejas y la “necesidad de ayuda” del órgano corporativo. 

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con el presidente del PP, Ángel Nozal, y su pareja para dar su versión de los hechos.