La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por no cumplir una sentencia dictada en 2009 que obliga al Ayuntamiento a restablecer la legalidad urbanística con la demolición de una construcción en la urbanización Artola edificada en la época del Grupo Independiente Liberal (GIL) en una parcela destinada a equipamiento comunitario. Mientras, desde el Consistorio han negado que la regidora haya "desobedecido ninguna resolución judicial”.

Según ha dado a conocer este lunes eldiario.es, la causa deriva de un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que dicta una “orden de demolición” en noviembre de 2020, y tras el que impuso “una multa de 1.000 euros a Muñoz y remitiera el asunto a la Fiscalía Provincial de Málaga”, que ha derivado la investigación a la Fiscalía del Tribunal Supremo al ser también “senadora” y, por tanto, “aforada”.

El escrito de la Fiscalía de Málaga señala que “tras el estudio de la numerosa documentación remitida, que dio lugar a la incoación de las presentes diligencias de investigación, ha podido concretarse los hechos denunciados, que ciertamente podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del CP, al parecer, cometidos por la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Marbella en el ejercicio de sus funciones como tal”, supuestamente.

Según el diario, la comunidad de propietarios de Artola ha pedido en numerosas ocasiones a los juzgados que se ejecutara la sentencia. Así, en noviembre de 2020 el TSJA ordenó la “demolición”, en junio de 2021 requirió al Consistorio “en la persona de su alcaldesa-presidenta” un “plazo máximo de tres meses” para cumplir la misma. Posteriormente, dieron “10 días” para informar de las acciones e identificara a la “autoridad responsable”.

El digital apunta a que un año después, en junio de 2022, el TSJA remitió un auto en el que señalaba que la responsabilidad “debe recaer sobre la propia alcaldesa”, el cual fue recurrido por el Ayuntamiento de Marbella y que fue desestimado por la Sala, indica la publicación. Es en noviembre del pasado año cuando el tribunal andaluz resuelve “dar cumplimiento a la orden de demolición” y “una multa sobre su patrimonio personal de 1.000 euros” y que el Consistorio el ha recurrido. Además, acordó remitir la resolución a la Fiscalía, que entendió que “hay indicios de desobediencia”.

El Ayuntamiento defiende a "los terceros de buena fe"

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio de Marbella, Félix Romero, ha apuntado que “lo que ha hecho la alcaldesa como representante del Ayuntamiento es simplemente iniciar un incidente”, un trámite denominado de “imposibilidad de ejecución material de la sentencia que existe en la ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa”, así como ha remarcado la defensa de "los terceros de buena fe".

“Es simplemente un procedimiento en el cual este Ayuntamiento lo que está tratando de poner de manifiesto delante del tribunal es que efectivamente la ejecución ‘innatura’, es decir, directa de la demolición que aparece en un inmueble en concreto genera más perjuicios que la propia ejecución mediante otra medida sustitutiva”, asegurando que en la ciudad existen “hasta 600 personas o viviendas que están afectadas por una situación”.

“El denunciante está en su derecho de plantear una reclamación donde estime lo oportuno y lógicamente tendrá su trámite”, ha valorado el concejal, quien ha remarcado que “en ningún momento la alcaldesa ha desobedecido ninguna resolución judicial”, aunque ha afirmado que “sí es cierto que se han recurrido algunas resoluciones judiciales con las cuales no estamos de acuerdo, por ejemplo, una que se refiere a una multa coercitiva precisamente porque nunca se ha producido esa desobediencia”.