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El Juzgado embarga de forma preventiva tres propiedades de una sociedad de la alcaldesa de Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en un acto de partido.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en un acto de partido. / M. H. (Marbella)

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid tiene embargados de manera preventiva desde diciembre de 2020 tres bienes de la sociedad Hacienda Property S. L., de la que es “socio único” la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, una decisión que ha adoptado el mismo tribunal que ha procesado recientemente al marido de la regidora y a su hijastro por presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas”.

En concreto, en varias notas simples de los Registros de la Propiedad de Marbella consultadas por este periódico se señala que la sociedad Hacienda property S. L.  es la titular al 100% de un atraque en Puerto Banús, un solar en la urbanización Haza del Conde y un edificio industrial en la urbanización Andalucía la nueva.  

Así, según aparece en el Registro de la Propiedad y avanzó el digital Marbella Confidencial la semana pasada, estas tres propiedades se encuentran gravadas con una anotación preventiva de prohibición de disponer de las mismas a expensas del procedimiento que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que expidió este documento judicial el 1 de diciembre de 2020.

El abogado Antonio Flores, del despacho especializado en derecho inmobiliario y bancario Lawbird, ha explicado que este concepto hace referencia a “un embargo para que no se pueda vender”, por lo que cualquier bien sobre el que pese este tipo de anotaciones “está fuera del mercado comercial” y “no se puede comprar, vender o gravar a expensas de un procedimiento judicial que está en marcha”. El jurista ha agregado que con ello, “cualquier persona o notario principalmente que lo vea, no va a poder hacer ningún tipo de operación”.

Según la nota simple del Registro Mercantil consultada por este diario, la alcaldesa y senadora del Partido Popular (PP) por la provincia de Málaga fue nombrada en julio de 2020 como “socio único” de la empresa Hacienda Property S. L., que es la titular al “100%” de los tres mencionados bienes, mientras que su marido es el “administrador único” desde junio de 1998, un aspecto que declaró en la Cámara Alta la semana pasada, tras varias publicaciones periodísticas sobre su patrimonio.

De este modo, Muñoz ha actualizado su declaración de bienes patrimoniales en el Senado en plena tormenta por el caso de su marido, tras experimentar un incremento patrimonial al adquirir el "100%" de esta sociedad en 2020, y que hasta entonces había declarado tras su toma de posesión en 2019 como senadora que compartía al "50%", y que según una “valoración que hacen expertos del mercado inmobiliario” al medio de comunicación elDiario.es, estas tres propiedades (atraque, solar y nave industrial) pueden tener un valor de unos 3 millones de euros.

En concreto, Muñoz ha declarado un incremento patrimonial relativo a una parcela, un atraque y una nave industrial a nombre de la sociedad Hacienda Property S. L., todos ellos adquiridos en el año 2005 y localizados en Málaga, sobre los que en la actualidad la alcaldesa y senadora tiene un derecho del “100%”, según la declaración de bienes patrimoniales presentada la pasada semana en la Cámara Alta, a la que ha tenido acceso este diario, y que se publicará en los canales del órgano legislativo una vez que cuente con la aprobación de la Mesa del Senado, explicaron desde la Cámara Alta. 

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional emitió el pasado 29 de septiembre un auto de procesamiento en el que están procesados el marido de la alcaldesa, el empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg -sobre el que pesa una fianza de 25 millones-, y el hijo de éste, Joakim Broberg, entre casi una treintena de implicados en la causa judicial, por los presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas”.

El tribunal determina tras la instrucción concluida que se trata de “una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España, con miembros de nacionalidad alemana y polaca, dedicada al tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana”.

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