La Audiencia Nacional (AN) ha acusado a Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, de presuntos delitos de pertenencia a “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico”, un procedimiento que de momento se ha detenido debido al “deterioro físico y mental” que sufre.

Según el auto de procesamiento emitido el pasado 29 de septiembre por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, al que ha tenido acceso este diario, la instrucción concluida determina que se trata de “una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España, con miembros de nacionalidad alemana y polaca, dedicada al tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana”.

Así, la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y el juez instructor atribuyen indiciariamente al empresario sueco los presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas” por participar “activamente” en la red, sumando ambos una condena que podría alcanzar los 14 años de prisión. Estas acusaciones también recaen sobre su hijo, Joakim Peter Broberg, quien según el documento “ostenta el rol de jefe o administrador de la organización”, además de atribuírsele un delito contra la salud pública a este último.

En abril del pasado año, el hijastro de la alcaldesa fue detenido en Brasil al ser considerado como “uno de los cabecillas de la organización criminal”, posteriormente “entregado a España y en prisión desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 11 de abril 04 de 2022”, según el auto de procesamiento, que ratifica tanto para Joakim como para su padre “su condición de situación de libertad provisional con las medidas cautelares acordadas”.

El documento apunta a que la red se dedica presuntamente al “tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana, que exportan en grandes cantidades desde España hasta los países nórdicos, principalmente Suecia”. El objetivo es “obtener grandes y rápidos beneficios efectuando actividades de blanqueo de capitales y de ocultación a través del uso de terceros países, “paraísos fiscales”, testaferros y en definitiva la utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales”.

El empresario sueco Lars Broberg -el padre de Joakim y marido de la regidora-, aparece implicado en  operaciones que el auto detalla para “introducir beneficios ilícitos del tráfico de drogas en el circuito económico lícito”, las cuales “dirige y coordina” su hijo. En concreto, se le relaciona supuestamente con la “la constitución de sociedades pantalla”. De este modo, el documento apunta a que en el verano de 2019 “se crea la empresa Altario Investement SL para las operaciones inmobiliarias opacas llevadas a cabo por los investigados y dirigidas por Joakim Broberg, y con el conocimiento y supervisión de su padre, habrían creado una nueva sociedad a través de personas interpuestas”.

Asimismo, el marido de Muñoz aparece vinculado con la presunta adquisición de la finca “El Herrojo 119”, localizada en el término municipal de Benahavís, mediante un sistema que engloba “fondos obtenidos de un préstamo concedido” por una entidad radicada en Bermudas a una empresa constituida en 2015 y la posterior “transferencias de acciones”, compraventa, “tráfico de divisas” o con lo que “habría costado la construcción de la casa de lujo”. En total, la “cantidad blanqueada es de 2.009.820 euros” en el periodo entre 2017 y 2021.

En el marco de la investigación, y según ha publicado eldiario.es, el juez instructor ha detenido el procedimiento contra Lars Broberg debido a su estado de salud y al “deterioro físico y mental” que sufre, siendo uno de los procesados a los que impuso “una fianza de 25 millones de euros para para “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la presente causa”.

En la misma se encuentra también “procesado” un Policía Local de Marbella que habría facilitado “información restringida de uso exclusivamente policial a petición de Joakim, y a cambio de dinero en efectivo”, así como de las conversaciones se desprende que en las citadas consultas “intervienen además otros terceros sin identificar y que éstos también recibirían una parte”. Al agente se le acusa de un presunto “delito de cohecho” con una pena de prisión de tres a seis años.

Por su parte, la regidora ha desvinculado la causa judicial de la gestión municipal, declarando este lunes a los periodistas que “no hay absolutamente nada ni mío como alcaldesa, ni por supuesto en el ámbito del Ayuntamiento”, recordando que “las elecciones están próximas” y que “hay un grupo que tiene especial interés”.