El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria del mes de noviembre, reclamar a la Administración de Justicia que se ejecuten de manera forzosa las sentencias sobre el patrimonio de tres condenados por el ‘caso Malaya’ cuya responsabilidad alcanza los 250 millones de euros, con el fin de evitar que puedan prescribir.

La moción ha sido defendida por el portavoz municipal, Félix Romero, quien ha señalado que “nosotros tenemos que buscar soluciones para pagar esas deudas que venían de la corrupción y, sin embargo, la deuda derivada de la corrupción resulta dificilísima de percibir a menudo y, además, con la pasividad muchas veces de las administraciones superiores”.

En este sentido, el concejal ha lamentado que “da la impresión de que al Ejecutivo de la Nación “no parece dolerle lo que nos robaron, ni las dificultades que se le sigue causando al pueblo de Marbella”, al tiempo que ha recordado que cuando estalló el ‘caso Malaya’ por orden de los tribunales “se procede a dictar orden de detención de una serie de personas y a embargar un importante número de bienes precisamente para que respondiesen los entonces presuntos culpables de sus responsabilidades”.

“Lo que proponemos en este Pleno es que se reclame la subasta y ejecución de esos bienes, que están próximos a prescribir”, ha indicado el edil, que ha resaltado la relevancia de la Ley de Presupuestos que aprobó el último Gobierno de Mariano Rajoy, que permitía que los bienes y el dinero de estos procedimientos “pudiese revertir en Marbella”.

Por otro lado, el Pleno ha acordado instar al Gobierno central a que incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 una modificación legislativa que mantenga, como ya se hizo en 2018, la posibilidad de retorno a la ciudad del dinero en concepto de multas derivado de procedimientos judiciales por corrupción para destinarlo, a través de la formalización de un convenio, al fomento de actuaciones de interés público general para la localidad. En la actualidad, en el Tesoro Público se encuentran ingresados casi 3,1 millones de euros recaudados en relación con el ‘caso Malaya’.

En este punto, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha iniciado el Pleno solicitando un minuto de silencio por las mujeres y niños víctimas de violencia de género; ha destacado que “si hay alguien que de manera expresa ha defendido los intereses de esta ciudad en contra de los que avasallaron y los que saquearon Marbella ha sido precisamente desde el primer momento el Grupo Popular”. A este respecto, ha detallado que tal y como consta en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, “año en el que José Bernal era alcalde del municipio y yo estaba en el Senado, aprobamos que este Ayuntamiento pudiera suscribir un convenio para obtener el destino de las multas, pero el regidor socialista no lo hizo”.

“Fue en 2018 cuando yo me preocupé de que ese cuantía, que entonces alcanzaba los 2,7 millones en concepto de multas, vinieran a la ciudad, tras firmar el convenio con el Ministerio de Hacienda”, ha resaltado Muñoz, quien ha puesto el acento en la importancia de que el Ejecutivo nacional incluya en los PGE la posibilidad de que retornen a Marbella en esta ocasión cerca de 3,1 millones de euros para destinarlos a proyectos de interés para los vecinos y que la ciudad pueda seguir recuperando en los años sucesivos el dinero en concepto de multas.