Los comerciantes de Marbella critican que el Ayuntamiento favorece a grandes superficies

Comercio

El pleno aprobó una modificación de las normas urbanísticas que posibilitará la ampliación del centro comercial La Cañada

Marbella/El pequeño comercio de Marbella asegura que la reciente aprobación en pleno de la modificación de un artículo de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que posibilitará la ampliación de las naves industriales y comerciales del municipio mediante la construcción de entreplantas solo beneficia a las grandes superficies.

Tanto la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) como la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella (Acoprocamar) presentaron alegaciones al documento, que fue debatido en el pleno de diciembre, y cuyos escritos han sido estimados parcialmente en el pasado pleno extraordinario.

El colectivo considera en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que la modificación puntual “tiene por finalidad única y exclusivamente beneficiar a determinadas superficies comerciales, lo que supone una nueva traba competitiva al comercio tradicional”. En este sentido, aseguran que la medida permitiría al Centro Comercial La Cañada, propiedad del empresario Tomás Olivo, ampliar su superficie en unos 2.000 metros cuadrados, en los que previsiblemente se instalaría la firma irlandesa Primark, que ya se interesó hace unos años por este enclave.

“Lo cierto es que la modificación tan solo beneficiaría a algunas naves industriales, con el riesgo de legalización de las entreplantas ya construidas con anterioridad de forma ilegal, y especialmente a las grandes superficies que se edificaron al margen del PGOU del 86”, señalan en el escrito de alegaciones de la CECA en referencia a La Cañada.

Así, apuntan a que la modificación aprobada inicialmente “encubre la concesión de un beneficio directo a las grandes superficies comerciales” y recuerdan que el Ayuntamiento ya denegó en 2014 la licencia de obras a la empresa General de Galerías Comerciales, propietaria de La Cañada, para la ampliación de este espacio porque no se ajustaba al planeamiento vigente.

“Dado que la modificación solo aplica a las edificaciones existentes, el pequeño comercio obtendría escaso beneficio porque son escasos los locales que posee la altura mínima establecida en la modificación, que es de 5 metros, y porque la superficie media de los locales comerciales de este tipo de establecimientos es pequeña, con lo que, en caso de cumplir el requisito de altura, al establecer la modificación unos porcentajes máximos en función de la superficie del local, solo ampliarían unos pocos metros, que escasa utilidad tienen en la práctica”, apuntan.

La modificación aprobada en pleno permite a los propietarios de naves industriales y comerciales construir entreplantas en los locales comerciales siempre que estas no excedan de los 5.000 metros cuadrados. Asimismo, el porcentaje de ocupación máxima del nuevo espacio se ha fijado en un 60 por ciento.

Estudiarán acudir a la vía judicial

La medida tampoco beneficia a los locales del Casco Antiguo, distinguido como Centro Comercial Abierto por la Junta de Andalucía. Aunque se ha estimado parcialmente la alegación presentada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Casco Antiguo (Acoprocamar), de manera que se ha modificado la altura mínima de la planta inferior, que antes debía ser de cinco metros y ahora podrá ser de 2,5 metros, siempre que lo que se habilite se destine a uso complementario y no público, aseguran que esta medida es inaplicable en la mayoría de las PYMES, comercios e industrias del municipo, que no cumplen los requisitos para llevar a cabo las obras. “Es una medida que no está hecha para el comercio sino para las grandes superficies”, aseguró su presidenta, Carola Herrero, quien agregó que “el pequeño comercio está indignado porque no le favorece nada, solo a la competencia”, por lo que no descartan acudir a la vía judicial. Así, apuntan que sí podrán beneficiarse de estas actuaciones “las edificaciones comerciales o industriales existentes en la actualidad que se hubieran edificado sin ajustarse a la normativa general del PGOU 86, como son las grandes superficies comerciales, que se edificaron fuera del suelo urbano consolidado, en base a convenios urbanísticos y modificaciones puntuales a los que no tenían acceso las PYMES del tejido productivo de la ciudad”.