La Fiscalía pide 48 años de cárcel y 14 millones en multas por fraude fiscal en la compra de mansiones en la Costa del Sol

La citación para la negociación extrajudicial prevista este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga, en el marco de una investigación por presunto fraude fiscal derivado de la evasión del pago de impuestos en la compraventa de viviendas de lujo en la Costa del Sol, ha quedado aplazada para el mes de noviembre, al objeto de alcanzar un acuerdo entre las partes, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La citación de este lunes tenía por objeto “un intento de llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y los acusados”, según han destacado desde el alto tribunal, remarcando que “se sigue negociando y se ha fijado una nueva fecha”, prevista para el 18 de noviembre.

Esta medida de negociación extrajudicial se realiza en el marco del procedimiento judicial, la cual está contemplada en la ley y tiene por finalidad dar una salida pactada entre las partes a los procesos.

El caso deriva de la investigación por un presunto fraude fiscal por la evasión del pago de impuestos en la compraventa de mansiones de lujo en la Costa del Sol, en la que están implicados varios empresarios, entre ellos un noruego que figura en la revista Forbes y otro abogado marbellí relacionado supuestamente con los casos Ballena Blanca o Forum Filatélico, según ha publicado el diario Sur en base al escrito de conclusiones provisionales del fiscal. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 48 años de cárcel y 14 millones en multas entre los 10 acusados.

De este modo, señala que el abogado marbellí estaría presuntamente al frente de una empresa que tiene entre sus principales actividades crear " entramados societarios destinados a soportar la titularidad dominical de bienes inmuebles de lujo en Marbella y Benahavís". La finalidad de la misma sería "ocultar a la Hacienda española la operación real" y la elusión de impuestos, indica el diario, destacando que estaba “mayoritariamente participada por otra sociedad extranjera radicada en un paraíso fiscal".

La Fiscalía Anticorrupción pide para el abogado de Marbella 12 años de cárcel y una multa de 2,7 millones, además de una fianza de 4,9 millones por una posible responsabilidad civil, por su supuesta implicación en varias operaciones inmobiliarias.

Otro de los acusados es un empresario noruego vinculado al sector de la alimentación, y que figura en la lista Forbes, por la adquisición de una mansión en 2004 en la urbanización Sierra Blanca de Marbella por 9 millones. Según Sur, la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de prisión de 3 años por presuntamente ocultar parte del precio de compraventa, en concreto, 5,5 millones, y eludir el pago de 385.000 euros en concepto del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, y que habría sido asesorado supuestamente por el abogado marbellí.

Por otro lado, el fiscal pide para este empresario otros 8 años de cárcel, supuestamente por no declarar el impuesto sobre el patrimonio entre los años 2004 y 2007, en los que habría realizado varias inversiones inmobiliarias en Marbella, y que según el rotativo está acusado de 4 presuntos delitos contra la Hacienda Pública. El fiscal solicita multas por ambos supuestos que suman 1.705.000 euros, además de una indemnización de 1.168.708 y una fianza de 6 millones.

Un tercer acusado es otro empresario noruego relacionado con el sector de las telecomunicaciones, la telefonía y la vigilancia, y que según pública Sur, llegó a participar en 2014 en la versión noruega del programa 'Mira quién baila'. El fiscal pide para él 3,6 años de prisión por la compra de una mansión en 2006 en la urbanización Coto de La Zagaleta de Benahavís por 7,5 millones, cuya operación se realizó en Gibraltar según la Fiscalía para mantener supuestamente “la opacidad de la estructura societaria” diseñada por el mencionado abogado marbellí con “fines defraudatorios”.

El acusado habría eludido presuntamente el pago del impuesto de transmisiones y actos jurídicos por un importe de 525.000 euros, para el que también se pide una multa de 2,1 millones y una fianza de 3,5.