Una sentencia avala que Marbella solicite subvenciones estatales al transporte público

Marbella/Una sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala que el Ayuntamiento de Marbella solicite subvenciones estatales al transporte público y ha resuelto reconocer a éste “el derecho a la concurrencia en el procedimiento para la subvención del servicio de transporte colectivo del año 2019”.

El fallo judicial, emitido el 26 de enero de 2022 y al que ha tenido acceso este periódico, responde al recurso interpuesto por la Administración local frente a la resolución de la Secretaría general de financiación autonómica y local del Ministerio de Hacienda, de 3 de diciembre de 2019, que “acuerda denegar al Ayuntamiento la concurrencia a la subvención establecida en el artículo 119 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (prorrogados para 2019), por no aportar la documentación requerida imprescindible para poder ser beneficiario”.

Asimismo, en la demanda constan como codemandados los ayuntamientos de Granada, Huelva, La Línea de la Concepción, Murcia y Torrelavega, que “tuvieron un extra de financiación a costa de Marbella”, ha replicado la alcaldesa de la ciudad en rueda de prensa, Ángeles Muñoz, acompañada por el concejal de Hacienda, Félix Romero, quien ha criticado que “a nosotros nos dejan fuera con un planteamiento falso”.

El conflicto deriva de la decisión del Gobierno de la Nación de suspender el fraccionamiento de la deuda que el Consistorio marbellí mantiene con la Seguridad Social y con Hacienda, generada por los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL); la cual fue recurrida por la Administración local en 2018 ante la Audiencia Nacional (AN). En una primera Instancia, la AN ha resuelto a favor del Ayuntamiento, una resolución que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

De este modo, la denegación al Ayuntamiento a concurrir a la subvención del servicio de transporte colectivo del año 2019 que dicta la Secretaría general de financiación autonómica y local del Ministerio de Hacienda, deviene “por no aportar la documentación requerida imprescindible para poder ser beneficiario de una subvención según lo establecido en la Ley de Subvenciones y su Reglamento” y que enlaza con la suspensión del fraccionamiento de la deuda anteriormente mencionado.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha lamentado el “acoso y derribo” del Gobierno central “en su intento de hacer caja con los vecinos de Marbella y asfixiar económicamente a nuestra ciudad”, recordando que “decidió romper de forma unilateral y absolutamente injustificada el fraccionamiento del pago de la deuda heredada del GIL con Seguridad Social y Hacienda, que este Ayuntamiento logró con el anterior Ejecutivo central, ya que su intención era quedarse con ese dinero en lugar de que regresase al municipio”.

En este sentido, ha indicado que el Consistorio ha conseguido ingresar 37 millones de euros en efectivo procedentes de sentencias judiciales firmes por casos de corrupción, valorando que “a partir de ese momento, el Ministerio de Hacienda emite un certificado negativo en el que dice que el Ayuntamiento es deudor, por lo que evitan que la ciudad de Marbella pueda optar a subvenciones estatales”.

Respecto a las ayudas al transporte público solicitadas al Ministerio, Muñoz ha explicado que el Ayuntamiento pidió una subvención de 210.000 euros en 2019 que no fue concedida por el Estado “alegando que no estábamos al día en nuestras cuotas”, destacando que en la sentencia emitida el TSJ de Madrid “entiende que actuó sin tener en cuenta criterios objetivos, como es el hecho de que esta ciudad mantiene su fraccionamiento vigente y está al día de los pagos con Seguridad Social y Hacienda”.

Esta afirmación la ha realizado en base a la “medida cautelar de suspensión” decretada por la AN, relativa al conflicto judicial mantenido por la anulación del fraccionamiento de la deuda heredada, que “avala al Ayuntamiento" y “suspende absueltamente el criterio que tienen el Ministerio de Hacienda y el Gobierno”, con lo cual “el aplazamiento está en vigor hasta el final de todos los recursos posibles”.

Por otro lado, la regidora ha apuntado que el Consistorio solicitó ayudas al transporte en los años 2020 y 2021, las cuales también fueron denegadas, por lo que ha avanzado que “vamos a pedir al Estado el millón de euros que hemos dejado de recibir entre las tres, y que en el caso del pasado año ascendía a 600.000 euros al incrementarse los kilómetros de ruta, el número de viajeros y para mejorar la flota”.