La sombra de la gestión acometida por el exalcalde de Marbella, Jesús Gil, durante más de una década en la ciudad continúa pesando en las arcas públicas con una deuda heredada, la esquilmación de suelo para equipamientos y la recuperación de un solo 10% de los 200 millones que se podrían cobrar por distintas sentencias judiciales, cifrando la Administración local en más de 500 millones el expolio sufrido por el municipio durante este período marcado por la corrupción.

“La cantidad real del perjuicio que causo Gil a las arcas municipales es difícil de cuantificar a fecha de hoy todavía, pero hay un concepto que está claro, que es el dinero que debía de haber estado en las cuentas bancarias y que simplemente no estaba, que desapareció, y que podemos estar hablando de algo más de 500 millones de euros”, ha valorado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Félix Romero. El cálculo de este montante proviene de “la deuda efectiva que estaba sin pagar y para lo cual se había recaudado dinero” como son las contraídas con la Seguridad Social y con Hacienda, que ascendía a 400 millones de euros, “más los 100 millones que fueron necesarios de solicitar a la Junta de Andalucía para cubrir las necesidades más perentorias porque ese dinero tampoco estaba en la caja”.

Diversas causas judiciales han sido abiertas a lo largo de los años para enjuiciar la corrupción y existen “sentencias judiciales que pueden estar en torno a los 200 millones de euros que se podrían cobrar por parte del Ayuntamiento, y otras más están todavía pendientes de terminar esos procedimientos”, ha indicado el edil de Hacienda. En este sentido, ha detallado que de esa cantidad  “hemos podido cobrar aproximadamente unos 50 millones de euros a fecha de hoy, y ahí se puede ver claramente cuál es el desfase que existe entre lo que hemos recuperado y lo que en definitiva se perdió con la gestión de Gil”, que ha cifrado en “un 10% lo que hemos podido recuperar después de casi 15 años de aquel gobierno que nos dejó prácticamente sin fondos de ningún tipo”.

Jesús Gil y Julián Muñoz en un congreso nacional del partido GIL.

Romero ha precisado que “las causas por las que se podría cobrar pero que no se cobra porque estamos buscando bienes son de todo tipo”, pero ha destacado “los alcances contables que hay en el Tribunal de Cuentas” por 172 millones de euros, agregando que “pleitos hay de todo tipo y algunas responsabilidades que derivarán de procedimientos penales por convenios urbanísticos que todavía se están tramitando, y cuya consecuencia puede ser algún tipo de indemnización que a su vez nosotros tengamos que reclamar a los terceros”.

El concejal ha hecho alusión así a “procedimientos que no están terminados y de los que se puede obtener más dinero” como “los 172 millones pendientes de ejecución en el Tribunal de Cuentas”, varias sentencias en la Audiencia Nacional como son el caso Saqueo 1 y Saqueo 2 o el Caso Malaya, que “está terminado”. “Desgraciadamente, la sensación que tenemos es que será imposible recuperar todo lo que aquí se perdió, y la factura de la gestión de Gil durante muchos años la seguiremos pagando y casi sin ninguna duda no podrá ser resarcida en su totalidad”, ha valorado el responsable municipal.

Por otro lado, la gestión del Gil causó en la ciudad un perjuicio en cuanto a “la falta de equipamiento que quedó, de suelo público que se malbarató y de los pleitos y deudas que dejaron y que hemos tenido que afrontar”. La casuística de los mismos es diversa, pero Romero ha puesto el acento en “unos supuestos en los cuales hay por ejemplo un tráfico con un inmueble que no podía salir a la compraventa o que no se podía ceder, porque estamos hablando de bienes que estaban por el Plan General de Ordenación Urbana limitados y no se podían tocar, sin embargo, se tocaron”. Ello generó “perjuicios que implicaron una deuda de nosotros hacia un tercero, pero en muchos casos esos inmuebles estaban en posesión del tercero y recuperarlos significa una indemnización y una cantidad de dinero que habría que dar tanto a ese tercero como terceros sucesivos con los que hubiese negociado”.

Un edificio de la promoción ‘Gran Marbella’, que construyó Jesús Gil en la década de los 80 del pasado siglo.

Desde el Tribunal de Cuentas han señalado que hay “16 expedientes que se están ejecutando” que datan entre los años 2001 y 2007, y cuyas multas “pueden ser desde 6.000 euros hasta 57 millones”. En total, han precisado que de los mismos “quedan por ejecutar 172 millones”, siendo el Ayuntamiento de Marbella el destinatario de “todo lo que se va recuperando”, entre lo que se encuentran “inmuebles, los derechos de autor de un libro de Julián Muñoz, motos, coches o cuentas planes de pensiones”.

Según los datos facilitados por la Audiencia Provincial de Málaga, la administración judicial ha hecho entrega por el caso Malaya al Consistorio marbellí de “32.366.628,27 euros” procedentes de “sociedades mercantiles vinculadas a Juan Antonio Roca”, exasesor de Urbanismo, así como está pendiente “la entrega al Ayuntamiento de Marbella de la finca Alicate por un importe de 593.139,73 euros, lo que supondrá un total de 42.304.841,29 euros”.

El caso Saqueo 1 ha sido instruido en la Audiencia Nacional y la sentencia se dictó el 23 de enero de 2009 por la sección 4ª de la Sala de lo Penal, la cual contempla las cantidades de “24.387.073,77 euros de indemnización” y “11.280.919,55 euros de intereses liquidados”, según han indicado desde el alto tribunal, apuntando que “las cantidades ingresadas en la cuenta judicial han sido entregadas al Ayuntamiento de Marbella”. La ejecución del fallo judicial ha supuesto el abono del importe correspondiente a “la indemnización reconocida al Ayuntamiento de Marbella y los intereses”, quedando pendiente la solicitud por parte de éste de “la tasación de costas”.

Mientras, la sentencia del caso Saqueo 2, que también instruye la Audiencia Nacional y fue firme con fecha 22 de diciembre de 2015; no ha sido ejecutada en su integridad, encontrándose el proceso de ejecución en “la vía de apremio contra los bienes de algunos penados”. Según han señalado desde el órgano judicial, la suma total “asciende a 51.317.141,82 euros más los intereses, así como a 16.117.624,13 euros a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social”.

Equipamientos públicos

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, defiende que los nuevos crecimientos o desarrollos urbanísticos “tienen que ir apoyados en unos estándares mínimos de equipamientos” que marca la legislación, así como “rediseñar fórmulas” para contar con éstos en las ciudades históricas frente al déficit que presenta la ciudad de Marbella. 

El profesional ha valorado que la etapa del Gil se caracterizó por “un crecimiento exacerbado” y una fórmula por la que “cualquier rico de la ciudad construía independientemente de que fuera en una zona verde, próxima a la costa o en un cauce”. Este mecanismo ha generado “una ciudad con cierta conflictividad en cuanto a la seguridad jurídica de todo lo que se construyó”, con “muchos edificios que están en una permanente cuestión de legalidad, algunos de ellos en los juzgados y con la sentencia firme de demolición, y eso no es deseable”. Además, hay que sumar el déficit de equipamientos y suelo público. 

En este sentido, Sarabia ha apostado por que “los crecimientos de las ciudades tienen que ir acompañados de todos sus complementos” y “no es suficiente el hecho de que se vayan produciendo viviendas, sino que a la vez que se va generando nueva ciudad tiene que ir creciendo de una manera acompasada con todo su equipamiento educativo, sanitario, social, cultural y deportivo”. 

Por otro lado, ha hecho alusión a la brecha social existente en Marbella, con “una serie de barrios y un tejido social que están necesitados de atención por parte de las instituciones” frente a la pujanza inmobiliaria de construcciones de lujo, apuntando a que “toda esa esa actividad económica que se genera en torno al medio y alto standing residencial pueda repercutir en esas clases más desfavorecidas y haga que todo el municipio vaya creciendo de una forma pareja”. 

El decano ha señalado que “la mayor parte son viviendas de alto nivel y un número reducido con unos presupuestos altos” que están dirigidas “a segundas o terceras residencias y a un sector de muy alto nivel, habitualmente usuarios ajenos o exteriores a Málaga, y muchas ocasiones, incluso de España”. Por ello, ha exigido que “se promuevan viviendas de precios asequibles para aquella otra parte de la demanda que no está siendo atendida en estos últimos años como familias, trabajadores y personas de a pie que tienen un salario económico, módico y prudente y que requieren y necesitan viviendas como cualquier otra familia”, que “deben ser producidas por promotores locales”.