Piden mejorar la inversión en agua urbana para blindar la seguridad hídrica

La brecha entre las necesidades reales de inversión en agua urbana y los recursos que se están destinando se agranda en España y amenaza con comprometer la seguridad hídrica, el cumplimiento de los objetivos ambientales y la adaptación al cambio climático. Es la principal conclusión del XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2025, presentado en Madrid por la Asociación Española del Agua Urbana (Daquas).

Según el informe, las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento muestran un envejecimiento preocupante, mientras las tasas de renovación siguen muy por debajo de lo recomendable. La red de distribución de agua suma 248.245 kilómetros, pero solo se renueva cada año un 0,54%, lejos del 2% que los expertos consideran necesario para evitar fugas, averías y pérdidas de eficiencia. En el caso de las redes de saneamiento, la tasa de renovación apenas llega al 0,12%.

Jesús Maza, presidente de la Daquas, afirmó durante la presentación de las conclusiones de este informe que “estamos ante un problema que ya no puede esperar más: sin planificación, financiación y estabilidad regulatoria, la seguridad hídrica del país estará en riesgo”.

Energía y economía circular

En terreno ambiental, el informe recoge avances relevantes. La media de consumo energético del ciclo urbano del agua se sitúa en 1,25 kWh por metro cúbico, incrementada por el aumento de la desalación en un contexto de sequía. Pero, al mismo tiempo, los servicios de agua urbana generan en torno a 705 GWh al año de energía renovable, principalmente a partir del aprovechamiento del biogás de las depuradoras, el potencial hidroeléctrico de los caudales y la cogeneración vinculada al secado de lodos.

El 86% de los operadores calcula ya su huella de carbono y el 80% cuenta con planes de mitigación. Las flotas avanzan en descarbonización: vehículos eléctricos o de hidrógeno representan ya el 45,5% del total.

La economía circular gana peso en el sector. En 2024 se reutilizaron 735 hectómetros cúbicos de agua depurada y regenerada —el 18,7% del volumen suministrado— tanto de forma directa como indirecta. La mayor parte se destina a agricultura y limpieza viaria, aunque también se emplea en usos industriales, riego de zonas verdes y recarga de acuíferos. En paralelo, el 83% de los lodos de depuración se aprovechan en agricultura, jardinería y silvicultura, mientras solo un 7% acaba en vertedero.

Digitalización y gestión del riesgo climático

El estudio confirma además el impulso de la digitalización del agua, apoyado en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. El 83% de la red de abastecimiento está modelizada y el 100% registrada en sistemas de información geográfica; en las depuradoras, el 81% dispone de telemando y la totalidad cuenta con sistemas SCADA. La telelectura de contadores se ha duplicado y alcanza ya de media el 38%, con previsión de seguir creciendo.

En cuanto a la seguridad sanitaria y la gestión preventiva, el 82% de los operadores tiene implantados Planes Sanitarios del Agua —y el resto en curso— en línea con la normativa europea. La implantación llega al 96% en áreas metropolitanas, reforzando la confianza en la calidad del agua del grifo, que los usuarios perciben como buena.

Un agujero anual de casi 4.500 millones de euros

El estudio subraya que, aunque los operadores de los servicios de agua urbana han duplicado su esfuerzo inversor hasta alcanzar los 2.415 millones de euros anuales, esta cifra es claramente insuficiente. DAQUAS calcula que el déficit estructural de inversión en el ciclo urbano del agua asciende ya a unos 4.485 millones de euros al año, si se quiere garantizar la calidad del servicio, actualizar infraestructuras y afrontar los retos del cambio climático, la escasez hídrica y las nuevas exigencias europeas.

A ello se suma el impacto de la nueva normativa comunitaria, como la Directiva de Aguas de Consumo Humano y la revisión de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, actualmente en trasposición. DAQUAS estima que solo para cumplir estos requerimientos serán necesarios alrededor de 3.000 millones de euros anuales adicionales en los próximos años.

Mientras tanto, el volumen de agua no registrada —que incluye tanto pérdidas físicas como consumos no medidos— se sitúa en el 19% y las fugas reales alcanzan el 10,1%, con especial preocupación en municipios pequeños, donde aún hay que consolidar los datos en futuras ediciones del estudio.

Agua barata en un país seco

Uno de los mensajes más contundentes del documento es que España sigue teniendo unas de las tarifas de agua urbana más bajas de Europa, pese a ser uno de los países con mayor estrés hídrico. El precio medio para uso doméstico se sitúa en 2,23 euros por metro cúbico (sin IVA), de los que el 58% corresponden al abastecimiento y el 42% al saneamiento. La factura del agua supone apenas el 0,84% del presupuesto de los hogares, muy por debajo del umbral del 3% que la ONU utiliza como referencia de asequibilidad para el Derecho Humano al Agua.

El problema, advierte DAQUAS, es que estas tarifas no llegan a cubrir todos los costes del servicio. En muchos casos solo financian la operación diaria, pero no la renovación ni la ampliación de infraestructuras. El sector reclama una subida progresiva y transparente que acerque a España a la media europea y permita cumplir la Directiva Marco del Agua en materia de recuperación de costes, principio de “quien contamina paga” y contribución adecuada de los usuarios.

Pese a todo, el consumo doméstico sigue bajando. El uso medio en los hogares se sitúa ahora en 121 litros por habitante y día, uno de los niveles más bajos de Europa, lo que refleja cierta conciencia de ahorro hídrico por parte de la ciudadanía.

Agua, derecho humano y pacto político

El diagnóstico no se limita a las cifras. DAQUAS vuelve a insistir en la necesidad de una mejor gobernanza del agua urbana: superar la actual fragmentación y los solapamientos de competencias, armonizar criterios de saneamiento y pluviales y reforzar la transparencia tarifaria.

El sector reclama, además, un gran pacto social y político por el agua para sacar el recurso hídrico de la confrontación partidista y situarlo en el centro de la agenda climática y de la transición ecológica. Ese acuerdo debería permitir planificar inversiones a largo plazo, priorizar la adaptación a la sequía y garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social del ciclo urbano del agua.

En el plano social, la práctica totalidad de operadores dispone ya de mecanismos de acción social para asegurar que ningún hogar vulnerable se quede sin suministro de agua por problemas de pago. Estos instrumentos —bonificaciones y fondos de solidaridad, entre otros— cubren al 86% de la población y benefician a alrededor del 5,7% de los usuarios, con especial implantación en comunidades como Murcia, Melilla, Andalucía, Cantabria y Cataluña.

El mensaje de fondo del XVIII Estudio Nacional de DAQUAS es claro: España cuenta con un servicio de agua urbana bien valorado por la ciudadanía y con capacidades técnicas avanzadas, pero sin un giro decidido en la inversión, la gobernanza y la recuperación de costes, será difícil garantizar la seguridad hídrica y la resiliencia climática que exige el futuro inmediato.