La economía circular se ha convertido en un paradigma fundamental en la gestión sostenible de recursos, promoviendo la eficiencia en el uso de materiales y minimizando el desperdicio. En este contexto, la región de Andalucía ha experimentado una evolución significativa en su marco legislativo con el objetivo de fomentar prácticas empresariales y sociales alineadas con este enfoque. El presente artículo se propone analizar esta evolución desde una perspectiva técnica, destacando los principales hitos y desafíos.El origen legislativo de la normativa actual sobre Economía Circular lo podemos situar en 1972, cuando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) introdujo el principio de quien contamina paga.

Más adelante, algunas directivas como las relativas a los envases y residuos de envases de 1994, la de los vehículos al final de su vida útil del 2000 y la de pilas y acumuladores del 2006, precedieron a la primera Directiva Marco de Residuos, promulgada por la Unión Europea en 2008, que ya comenzó a ejercer una influencia bastante significativa en el diseño de políticas orientadas a la correcta gestión de los residuos. A nivel nacional, esta normativa desencadenó una serie de transposiciones legislativas, entre las que destacan la Ley de envases y residuos de envases de 1997 y la Ley de Residuos de 1998. Posteriormente se promulgaron en España los Reales Decretos que regulaban la gestión de neumáticos fuera de uso en 2005, aceites industriales usados en 2006, los residuos de pilas y acumuladores en 2008 y los aparatos eléctricos y electrónicos en 2015.

Estas normativas introdujeron el concepto de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que otorgaba al productor del producto la responsabilidad de organizar y financiar la gestión de ciertos tipos de residuos.

En junio de 2020, se generó un nuevo marco normativo, tanto a nivel estatal como autonómico, mediante la aprobación de la Estrategia Española sobre Economía Circular España circular 2030, que señalaba la necesidad alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos materiales e impulsar inversiones de simbiosis industria. En 2022 apareció la nueva Ley de Residuos y suelos contaminados.

En 2023 surgió la nueva Ley de Economía Circular de Andalucía, adoptando un enfoque progresista en la materia y reconociendo la necesidad de transitar hacia modelos económicos más sostenible. Como novedades de la Ley se podrían destacar la búsqueda de un sector empresarial Andaluz ECO: ecodiseño, ecoproducción de bienes, ecoprestación de servicios, reutilización de productos y sus componentes, etc.

La mejora futura de la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la gestión de los residuos y los recursos, resultará fundamental en materia de economía circular. Asimismo, resultará clave revisar algunos factores tales como el bajo precio del vertido que tenemos en España y Andalucía, situado muy lejos de la media de otros países europeos.

El sector cementero puede contribuir de manera importante a la economía circular a través de la valorización material y energética. No obstante, en ocasiones, determinados gobiernos locales, asociaciones ecologistas y/o vecinales, han puesto trabas administrativas al sector cementero a la hora de conseguir las autorizaciones para valorizar.

Hay que destacar que este debate está más que superado desde hace ya más de 30 años en la totalidad de países europeos más avanzados. En ellos se apuesta claramente por las fábricas de cemento, como instalaciones que pueden ayudar a recuperar material y energéticamente residuos no reciclables.

En conclusión, la evolución de la legislación sobre economía circular en Andalucía refleja un compromiso creciente con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento eficiente de los recursos. Si bien se han alcanzado importantes logros, es necesario continuar avanzando en la implementación de medidas concretas y en la sensibilización de la sociedad en general. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo será posible consolidar una economía circular real, efectiva, resiliente y equitativa en nuestra región.