El Juzgado anula la "reclasificación" de empleo público para la estabilización en el Ayuntamiento de Mijas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la modificación a un nivel inferior practicada en la Oferta de Empleo Público (OEP) del Ayuntamiento de Mijas de las plazas de oficial, en el marco de los procesos de estabilización para trabajadores temporales, según ha informado este jueves el sindicato, que asegura que el juez ha anulado la "reclasificación" practicada a los empleados.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha señalado que el juez "no entra en el fondo de la cuestión", así como ha indicado que el Ayuntamiento está estudiando si recurre la sentencia o no.

En concreto, CSIF ha destacado en un comunicado que el Ayuntamiento “reclasificó de forma unilateral a un nivel inferior las plazas de la categoría de oficial a operario”, lo que fue denunciado por 3 empleados temporales del Consistorio, ya que “venían realizando funciones superiores durante años”.

El sindicato ha señalado que pese a que estos trabajadores “habían sido contratados de forma temporal como operarios, desempeñaban funciones correspondientes a la categoría de oficial”, apuntando que “desarrollaban tareas de superior categoría por necesidades del Ayuntamiento y sin reconocimiento laboral ni remuneración adecuada”.

Según han indicado desde la central sindical, la OEP publicada inicialmente por el Ayuntamiento de Mijas “reconocía esta realidad, al identificar las plazas con la categoría de oficial”, sin embargo, ha lamentado que meses después el Consistorio “modificó la oferta, reclasificando las plazas de operario, empeorando su situación de cara al proceso de estabilización” marcado por la Ley 20/2021.

La central sindical interpuso una denuncia contra esta modificación, ahora “anulada por esta sentencia por haber vulnerado el procedimiento legal” supuestamente, ya que destaca que según el tribunal “la oferta de empleo original aunque no genera derechos adquiridos, sí crea legítimas expectativas para los trabajadores afectados”.

Asimismo, han señalado que el fallo judicial “también considera que la administración no puede modificar unilateralmente esa OEP sin seguir un procedimiento formal de revisión", además de aclarar que “no se trataba de un error material, como defendía el Ayuntamiento”.

Por ello, CSIF ha subrayado la importancia de este fallo judicial, ya que aunque no reconoce el derecho de trabajadores que desempeñan funciones superiores a que estas se reflejen en los procesos de estabilización, sí pone de manifiesto que “la OEP, sin generar derechos, sí les procuraba -a los trabajadores afectados- expectativas, lo que nos aleja de la idea de ser la OEP originaria un acto desfavorable que permita su revocación”.

El Ayuntamiento estudia si recurre la sentencia o no

El fallo judicial salió a relucir en el Pleno celebrado el pasado miércoles en el Ayuntamiento, tras una pregunta lanzada por la oposición, a lo que la alcaldesa, Ana Mata, destacó que el juzgado “no entra en el fondo de la cuestión, simplemente hace referencia al procedimiento”.

La regidora avanzó que la sentencia “está siendo objeto de estudio en el departamento de Personal y no es extrapolable a ninguna otra situación”, por lo que abogó por esperar a lo que “decide” el Consistorio sobre si se recurre el fallo judicial o no y “analizarlas todas para tomar la mejor decisión posible”.

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos, Mario Bravo, señaló en declaraciones a Mijas Comunicación que el Ayuntamiento tendrá que “tomar la decisión de si recurrir o no, y en su caso, tomar otras decisiones complementarias para continuar adelante con la estabilización”.

Bravo insistió en que el Consistorio ha seguido las recomendaciones del interventor y de la Junta, destacando que “había que consolidar a los trabajadores en el puesto de origen y no en el actual, e hicimos ese cambio, que no fue pacífico”.

“Había quienes pensaban que era obligatorio dar audiencia a los trabajadores porque podían considerarse terceros perjudicados, y otros que decían que no era necesario2, agregó.