Francia se defendió este lunes ante la ONU de las críticas por su trato a los gitanos de Rumanía y Bulgaria y, en concreto, por las expulsiones masivas, y aseguró que las medidas adoptadas "se inscriben estrictamente en el respeto a las leyes francesas y de la legislación europea".

"Las autoridades francesas nunca han estigmatizado a personas pertenecientes a una minoría en función de su origen. No hay un problema romaní, sino unos ciudadanos europeos más desfavorecidos que otros, que tienen dificultades de inserción y que merecen una atención particular", afirmó el embajador francés ante la ONU en Ginebra, Jean-Baptiste Mattéi.

El diplomático respondía así a la precedente intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la alta comisionada, Navi Pillay, quien dijo que la actual política de Francia hacia los gitanos, incluidos el desmantelamiento de sus asentamientos y las deportaciones colectivas, "sólo puede exacerbar el estigma de los romanís y la extrema pobreza en que viven".

El embajador galo aseguró que "las medidas que se adoptaron se inscriben estrictamente en el respecto a las leyes de la República Francesa y de la legislación europea".

"Las instalaciones que fueron desmanteladas eran ilegales y su desmantelamiento se hizo sobre la base de decisiones adoptadas con total independencia por el poder judicial", insistió.

Igualmente, afirmó Mattéi que "con el fin de responder al estado de extrema precariedad económica que caracteriza a la mayoría de estas personas, entre ellas ciudadanos búlgaros y rumanos que se declaran de origen gitano, se le propuso a cada uno el beneficio de una ayuda de regreso humanitario, es decir, una ayuda a la reinstalación en su país de origen".

El embajador dijo que las autoridades francesas están convencidas de que debe llevarse a cabo una política para promover la integración social y económica de los romanís, "y en ese espíritu trabajamos con los países de origen y otros países de la Unión Europea".