El Gobierno británico quiere dar nuevos poderes a su Ministerio del Interior para dificultar y, en caso necesario, bloquear las extradiciones de ciudadanos de este país reclamados por tribunales extranjeros.

El Gobierno considera que el actual sistema perjudica al Reino Unido como demuestran casos como el del ciberpirata británico Gary McKinnon, reclamado por las autoridades estadounidenses, informaba ayer el Daily Telegraph.

La coalición conservadora-liberaldemócrata revisará los acuerdos de extradición con EEUU y los países europeos para reforzar las competencias en ese sentido del Ministerio del Interior y exigir a las autoridades extranjeras pruebas más sólidas antes de proceder a la entrega de un sospechoso.

Un panel de abogados y expertos en relaciones internacionales, dirigidos por un juez, se encargará de examinar si los sospechosos de delitos cometidos desde territorio británico, pero que pueden afectar a ciudadanos extranjeros deberían ser juzgados aquí.

Durante la campaña electoral, el hoy primer ministro, David Cameron, se mostró favorable a modificar la actual ley de extradiciones y luego trató el caso de McKinnon con el presidente estadounidense, Barack Obama.

La revisión propuesta afectará a cinco áreas claves del tratado de extradición de 2003, incluidas las relaciones con EEUU y la Orden Europea de Arresto.

Más de un millar de personas fueron extraditadas por este país a lo largo del año pasado bien a EEUU, bien a otros países europeos.

El acuerdo de extradición con EEUU se firmó después de los ataques del 11-S, en 2001, para contribuir a la rápida entrega de sospechosos de terrorismo pero, según se quejan los británicos, ha servido en cambio para extraditar a banqueros acusados de fraude y a delincuentes de poca monta.

Actualmente, si las autoridades de EEUU reclaman a un británico, sólo necesitan demostrar que sospechan que ha cometido un delito en aquel país y hacer una breve descripción del sospechoso.

Por el contrario, si el Reino Unido quiere que EEUU extradite a un ciudadano de ese país por un crimen que afecta a británicos debe presentar pruebas sólidas.