La Audiencia Nacional ha prohibido al expresidente de Bankinter Jaime Botín sacar de España un cuadro de Picasso valorado en 26,2 millones de euros, al avalar una orden dictada por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en diciembre de 2012 que declaraba la "inexportabilidad" de la obra por su elevado valor artístico. Botín trató de sacar el cuadro, denominado Head of a Young Woman y perteneciente al periodo de Gósol del pintor malagueño (1906), mediante una petición que presentó el 5 de diciembre de 2012 a la Secretaría de Estado de Cultura. En ella autorizaba a la casa de subastas británica Christie's a realizar el traslado con destino a Londres. Sin embargo, unos días después la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español denegó el permiso argumentando que no existe "una obra semejante en territorio español".

Este mismo organismo encargó a la conservadora jefe de Pintura y Dibujo del periodo 1881-1936 del Reina Sofía un informe en cuyas conclusiones se destacaba la "excepcional importancia" de la pintura, adquirida por Botín en 1977 a la Marlborough Fine Art de Londres. Con esta valoración, el director general de Bellas Artes dictó una resolución el 19 de diciembre de 2012 en la que denegaba "el permiso de exportación definitiva". Dos días después Botín presentó un recurso en el que alegaba que el cuadro no era de su propiedad, sino de la compañía Euroshipping Charter Company Limited, que apuntó que el barco no estaba en territorio español sino en un velero de pabellón británico atracado en el Club Náutico de Valencia.

La resolución apunta que los documentos aportados por Botín demuestran la "cesión" a la compañía de la obra, pero no así su "propiedad", al tiempo que ponen en duda la versión del banquero, que alegó un supuesto error de la casa de subastas, posibilidad que los magistrados descartan "por la profesionalidad" de Christie's en actividades de exportación. Además, la Sala señaló que la localización de la obra en territorio español en la fecha de solicitud de su exportación determina la competencias de las autoridades españolas, tanto por las normas protectoras del patrimonio histórico-artístico como por el Convenio de Montego Bay de Derecho del Mar, de 1982.