Los internautas estudian recurrir la 'Ley Sinde' ante el Constitucional

Las webs de CiU, PP y PNV se colapsaron ayer en un acto promovido por un bloguero

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ayer, en Oviedo.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ayer, en Oviedo.
R. C. · Agencias / Madrid

21 de diciembre 2010 - 05:00

La Asociación de Internautas estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueba hoy la Ley de Economía Sostenible, que incluye el cierre o bloqueo de páginas web que vulneren la propiedad intelectual por orden judicial. Las páginas de CiU, primero, y la del PP y el PNV, después sucumbieron ayer al ataque internauta que colapsó sus servidores, una medida de protesta promovida por el bloguero valenciano nonymous Nano, que se saldó con un éxito a medias un cuarto de hora después de su "inauguración oficial", a las 18:00, bajo el lema "ha llegado la hora ATAQUE DDOS PSOE, CIU, PP" y a la que sólo sobrevivió la web del PSOE.

Facua-Consumidores en Acción ha enviado a los grupos parlamentarios 29.755 firmas de usuarios contra la conocida popularmente como Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU. En el manifiesto elaborado por Facua, que los usuarios pueden seguir suscribiendo en la web sieslegaleslegal.org, se denuncia que el Ministerio de Cultura viene desarrollando una "política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural". Así, recuerda que una sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes.

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, advirtió ayer que la nueva Ley de Economía Sostenible, que contempla el cierre o bloqueo de páginas web que permitan la descarga ilegal de contenidos por orden judicial, no tiene "nada que ver" con la libertad de expresión ni afecta a las opiniones personales que cualquier usuario de internet vierta en un blog.

A preguntas de los periodistas, la ministra consideró "equilibrada y positiva" la nueva normativa y se mostró convencida de que, con su aplicación, los ciudadanos podrán comprobar que la ley va a traer "un nuevo modelo de difusión de la cultura". En este sentido, incidió en que internet es una oportunidad para la difusión de la cultura "de dimensiones no conocidas hasta ahora" por su rapidez y facilidad y que quien quiera desarrollar esta actividad "vendiendo o alquilando" productos podrá seguir haciéndolo "siempre que tenga los contratos al día".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró ayer que la disposición contra la descargas de internet incluida en la Ley de Economía Sostenible logrará "conciliar" los intereses legítimos de los autores a su propiedad intelectual con los de los internautas, "que también tienen derechos que hay que respetar". El PNV rechazará la disposición de la Ley de Economía Sostenible que regula el cierre de páginas web de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor por orden judicial si no logra a un acuerdo con el PSOE para modificarla.

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, podría aprobar hoy así la Ley de Economía Sostenible que recoge reformas estructurales para mejorar la competitividad y aumentar el potencial de crecimiento. Entre las reformas, la normativa incluye, en la disposición final segunda, la creación de una comisión de propiedad intelectual, que será la encargada de recibir las denuncias de los afectados por la piratería, comprobar que existe vulneración de derechos y solicitar el cierre o bloqueo de una determinada página web a un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Víctor Domingo, desde la Asociación de Internautas consideró que la Ley Sinde podrá cerrar hasta más de un centenar de páginas web de intercambio de archivos, algo que, recordó, "hasta el momento no han hecho los jueces".

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