La noticia del despido el pasado jueves del arqueólogo conservador de la Cueva de Nerja, Antonio Garrido, por criticar en una reunión celebrada en diciembre la bajada de sueldo (en concreto, la supresión de la paga extra de Navidad) aplicada a la plantilla de la Fundación responsable del enclave, trajo ayer la cola esperada. El caso supone la culminación de un largo episodio de desencuentros entre el equipo de trabajadores y el gerente, Ángel Ruiz, en ejercicio del cargo desde abril de 2012. Fuentes cercanas a la Fundación aseguraron ayer que, desde entonces, 13 de los 30 profesionales que componen el personal de la Cueva de Nerja han presentado en el juzgado denuncias contra el gerente por diversos asuntos laborales.

La Fundación, por su parte, emitió ayer un comunicado en el que afirmaba que Garrido había sido despedido por "manipular información" como miembro de los órganos de gobierno "con manifiesta intención de causar daño a la imagen y prestigio" de la institución. Así, se le considera autor de una falta disciplinaria "de carácter muy grave por abuso de confianza en las gestiones encomendadas, deslealtad y transgresión de la buena fe contractual". Esta decisión se adoptó por mayoría en la junta de gobierno (doce votos a favor, cuatro en contra y la abstención del instructor) una vez estudiado el expediente incoado por el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y miembro de la junta plenaria, Luis Carlos Abreu, "y una vez escuchadas las alegaciones del implicado y las aclaraciones realizadas a los miembros de la junta". Todos los representantes de la misma consideran la actuación del hasta ahora conservador como "reprobable y sancionable" y coinciden en que su falta "no puede quedar impune" y en que Garrido "debe dejar formar parte de los órganos de gobierno de la Fundación". No obstante, algunos de los miembros que votaron contra el despido lo hicieron al considerar la sanción "excesiva". Éste es el segundo despido disciplinario acordado por la junta plenaria en los últimos años, ya que en junio de 2011 se acordó el de la arqueóloga de la Fundación. En esa ocasión se denunció el despido pero el juzgado, lo estimó "procedente" y, aunque la despedida recurrió la sentencia, en julio de 2012 fue ratificada.

Este periódico tuvo ayer acceso a las alegaciones presentadas a la Fundación por el abogado de Antonio Garrido. De ellas se deduce que la "manipulación de información" que ha provocado el despido se refiere a unas declaraciones que hizo el conservador sobre los presupuestos de la Cueva de Nerja. La alegación señala que "se sanciona al trabajador por divulgar algo que debe ser público y de hecho lo es, pues si no fuera público no podría haber entrado en vigor". La Fundación acusa a Garrido de haber informado de que la institución destinó 250.000 euros a patrocinios y subvenciones, una cantidad "distorsionada"; el conservador y su abogado alegan al respecto que esta referencia "se hace no limitada al último ejercicio, sino en general a todos los anteriores".

En cuanto a la "deslealtad", el expediente sancionador recoge que Garrido acusó a la Fundación en la reunión de diciembre de "celebrar actos políticos" en la Cueva. La alegación apunta que el conservador "no hizo imputación alguna, sólo preguntó sobre lo que debía responder el gerente en la reunión, y es público y notorio que el año anterior se había celebrado en la Cueva el Día de la Provincia organizado por la Diputación, siendo igualmente frecuentes las reuniones de cargos políticos". Garrido también afirmó en diciembre que los Festivales de Verano de la Cueva de Nerja son "deficitarios", lo que según su abogado "aparece en la prensa todos los años".

El expediente sancionador también acusa a Antonio Garrido de haber informado al Defensor del Pueblo Andaluz de la supresión de la paga extra de Navidad sin haber consultado antes a la junta de gobierno de la Fundación. El sindicato USO ya ha confirmado que emprenderá acciones legales; mientas, Garrido y la Fundación han sido convocados a juicio el próximo octubre por otra rebaja salarial.