Nada es gratis. Tampoco en política. Los activos de los graneros electorales no son propios sino prestados. Pueden ser recuperados por los ciudadanos en cualquier momento; especialmente si tienen dudas sobre si la entidad depositaria gestiona bien, o si puede entrar en crisis.

Nada es gratis. Dejar sin taponar tanto tiempo la salida de los violadores de las cárceles –rebajas de pena o excarcelaciones– para no contrariar a las ministras socias de Podemos obstinadas en culpar a los jueces de una ley con goteras, tiene un alto coste. Acaso el domingo se le pasó el cobro al PSOE esa factura. Pagó desperfectos ajenos en parte por su intervención tardía.

Tener compañías complejas no es recomendable. A veces es inevitable para sacar leyes adelante, como la de la Vivienda. Pero es clave la fiabilidad de los socios ocasionales de viaje. Incluir en las listas electorales a más de 40 etarras, seis de ellos con delitos de sangre, como hizo Bildu, es, como dijo Pedro Sánchez, una “indecencia” ante las asociaciones de víctimas del terrorismo y ante toda la sociedad. Pero seguramente representó otra línea a sumar en la factura que han pagado los socialistas por cuenta de desatinos ajenos.

Todo eso generó una aceleración negativa de la campaña que ahogó la baza socialista de la positiva situación económica y la relevancia internacional de España. Pero el golpe bajo de Bildu, seguido de la entrada en juego del ex presidente Aznar reforzando a los que defienden que ETA aún existe, cuando hace 12 años que fue derrotada; más la confusión por el fraude de Melilla en el voto por correo, y algunos casos puntuales de manipulación de voto en municipios del sureste de España; y la “oportuna resurrección” judicial de caso del secuestro de una concejala en Maracena (Granada), todo eso ha configurado una ofensiva mediática hostil que dominó las dos ultimas y decisivas semanas de la campaña electoral. La “campaña aérea” del presidente Pedro Sánchez y sus anuncios de concesión de millones para distintas causas, no ha bastado para contenerla.

“El problema está en que defendiendo tanto los derechos de las minorías, se olvida hacer política para las mayorías”, denunciaba Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno hace unos días. No podrá decirse que el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha ocupado de las mayorías; por ejemplo, con la Ley de la Reforma Laboral, o las subidas del salario mínimo y de las pensiones; o rebajas del IVA en alimentos, etc. Pero de nuevo se impone que en comunicación, como en política, que “la realidad es la percepción de la realidad”. Y la percepción era que interesaba más lo minoritario que lo mayoritario; por simplificar: más “lo trans” que lo popular.

El 28 de mayo España cambió radicalmente de color político. Setecientos mil electores socialistas se quedaron en casa, seguramente disconformes con el Gobierno de coalición más que con sus alcaldes y presidentes de autonomías que, al final, pagaron la factura. Ciudadanos desapareció en las urnas y Podemos se difuminó también en casi todos los Parlamentos autonómicos y en las grandes ciudades. Con pocos diputados y sin apenas concejales. A veces por una décima, como en Madrid. Pero se impone la reflexión sobre lo sucedido; y lo que pueda venir en las elecciones anticipadas en julio. Se asentó, como otras veces, la idea de que el electorado lo aguanta todo, ocurrencias y excentricidades incluidas. Pues ya se ha visto que no. Lo penaliza. Nada es gratis.