El precio de la singularidad

La segunda que, como postula la teoría de la elección racional, los beneficios particulares superen los costes directos o privados, con independencia de los costes sociales que puedan aparecer. Según esta teoría, los agentes confrontan los costes y beneficios privados de sus decisiones e ignoran sus externalidades, es decir, sus efectos secundarios. Cuando de una elección privada se derivan costes sociales (externalidad negativa) que ha de asumir el conjunto de la sociedad, estamos ante un fallo de mercado porque el resultado es ineficiente desde un punto de vista social y exige la intervención política para corregirlo.

El saldo de costes y beneficios privados del pacto fiscal con Cataluña es favorable al Gobierno debido a la elevada valoración de Sánchez y sus allegados de las ventajas de conservar el poder, pero la decisión tiene importantes costes sociales que, si la iniciativa prospera, deberá soportar el conjunto de la sociedad. Al deterioro de la convivencia en España, en contraste con la absurda justificación de su restauración en Cataluña, hay que añadir el atentado contra la equidad y la igualdad de oportunidades, así como contra la progresividad del sistema fiscal por la vía de la justicia redistributiva y la solidaridad interterritorial. También por el aumento de la desconfianza en la política y, como diría un economista, por el impacto sobre la eficiencia social de la torpeza de ignorar los efectos secundarios de la decisión en la ecuación de costes sociales.

A diferencia de la amnistía y los indultos o la derogación de la sedición y la revisión de la corrupción por malversación, el pacto fiscal con Cataluña supone una agresión directa al bolsillo del contribuyente en el resto de España. Tanto si la singularidad fiscal se refiere a la creación de un cupo a la catalana, como si se limita a la condonación de 15.000 millones de deuda, el coste privado de la decisión (el que no se podrá socializar por la vía de la manipulación política y tendría que soportar directamente el Gobierno), podría resultar excesivo para su capacidad de maniobra. El dinero público es un juego de suma cero, en el que si unos ganan otros han de perder, por lo que el aumento de la presión fiscal para atender el chantaje catalán es una invitación a una rebelión autonómica susceptible de contar con un amplio apoyo popular.