Las grandes empresas, aunque operen en sectores completamente distintos, tienen no pocos rasgos comunes, y hay uno que les es común: su necesidad de estar cerca del poder, y en particular de los gobernantes. Dicho de otra manera, de los políticos. Por supuesto, a las pequeñas y medianas también les viene bien ejercer ese tipo de relación institucional, pero normalmente su acceso a decisores que les atañan en su funcionamiento y negocio es el correspondiente a su tamaño por facturación, capital o personal: a bajo o medio a nivel orgánico. Hace unos días, en un encuentro de networkers de grandes empresas nacionales, los altos directivos situados “a la derecha del padre CEO”, cuya labor consiste en hacer de membrana con el entorno general –político, económico, social, tecnológico, ecológico o legal– y directo –competidores, clientes y proveedores clave– compartieron su inquietud por la situación política española. Hemos pasado recientemente, unos quince años, por una severa crisis financiera y de deuda, después por otra vírica e igualmente destructiva para la economía, y ahora nos hemos metido como sin comerlo ni beberlo en una crisis institucional de primer orden, en la que, por puro encaje aritmético del poder central, está en solfa la unidad o integridad de España, el castigo del delito, la división de poderes y la propia Monarquía. Todo ello en la misma coctelera, de forma repentina. Los empresarios temen como a un meteorito a la inestabilidad política extrema. Así se manifestaron en esa convención.

No hace falta extenderse en los hechos: amnistía, condonación de deuda, vergonzante reconocimiento del infame chollo moral del lawfare, o sea, asentir ante que la Justicia fue utilizada como arma política. Tras esto, el Presidente se va a Israel a tocarle los bemoles de forma alucinante a un país que ha respondido con la guerra ante un acto terrorista que causó miles de muertos y secuestrados. Se puede opinar sobre la intensidad debida en ese horror humano que es la guerra, pero no acerca de que ya tenemos un enemigo serio, o dos mejor dicho, y este es mucho más que serio, Estados Unidos. Zapatero lo sufrió en sus carnes. Sánchez: ¿valiente? ¿Solidario? ¿Humanitario? ¿Enésima estrategia de marketing personal? Puede que de todo halla. Pero estas cosas se pagan, somos un país periférico. ¿Queremos estar enfrentados a Estados Unidos? ¿Creemos de verdad que así estaremos más protegido del yihadismo, que golpeará donde pueda y sea más fácil y notorio, y en esto hay que tener en cuenta que la inteligencia estadounidense e israelí es esencial? ¿Era el momento de señalarse sin haber diseñado antes un plan conjunto con los socios a los que iba a representar al lugar del conflicto, la UE?

El Gobierno lo dará todo con una política fiscal agresiva contra grandes capitales, grandes empresas y, no lo duden, usted, la clase media. Segundo, irá a muerte con los asuntos de sostenibilidad y la Agenda 2030, una que debemos considerar “buena causa”, pero que es fuente costes. La tercera pata de la política del Gobierno es la bandera de Sumar: subir más el salario mínimo, hasta los 1.300 euros. La reacción: no contratar o despedir; perplejidad y desincentivo para el empleado medio, que ve que el salario mínimo es casi como el suyo teniendo mayor experiencia, formación o responsabilidad. E inflación: el aumento de coste se repercutirá, al final, al ciudadano.

En la reunión, un alto representante aconsejó a sus pares lo siguiente: en Cataluña, arrimaos a Junts; en el País Vasco, al PNV. Son partidos partidarios de la empresa. El país está de lo más divertido. Y gana Puigdemont, que acabará –escorpión– aguijoneando a la rana que lo ayuda –Pedro–. Pierde España varios ámbitos: frentismo, política exterior, garantías institucionales, economía... clases bajas y medias.