Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía que fue cinco años, y ministra de Hacienda del Gobierno de España que ha sido otros cinco, entre 2018 y la actualidad. Si algún andaluz debe conocer los intríngulis del sistema de financiación autonómica (en adelante, aquí, SFA), esa es la sevillana María Jesús Montero, política aguerrida y dura, desacomplejada de su inestable verbo y muy del agrado de muchas mujeres y no pocos hombres por un cóctel de aire popular, vocación de estilo, valentía y, dado el caso, como fue la noche del 23-J, euforia desatada... a pesar de haber resultado su PSOE derrotado pírricamente por el PP (partido al que ella ya ha renovado como “primer partido de la oposición”). Valga esto para ilustrar cómo lo tiene de claro el Gobierno: todo menos unas nuevas elecciones; cualquier cosa, cualquier composición mondriaan de pactos, antes que soltar el pájaro en mano. Es democrático y es legítimo, aunque el previsible bloque “de progreso” incluya a formaciones tan de izquierda (?) como el PNV o Junts. El progreso, debemos concluir, es que en la Moncloa no entre Feijóo más allá de la escalinata de la foto. Que Puigdemont sea la piedra de Rosetta que permita dilucidar este jeroglífico de múltiples demandas particulares y fichas de todo color que deberán ser atendidas por Sánchez –croupier y banca– es la prueba de que el sistema electoral español contiene una entropía original, una tendencia al caos, que hace que gobernar exija un cuadre de churras, merinas, payoyas y hasta toros hechos arietes que embisten a España. Puestos a mentar bóvidos, estos son los bueyes con los que aramos.

La cámara de compensación regional emerge clave para el apoyo del catalanismo no-español (ERC y Junts), una clave que todos parecimos ignorar antes del 23-J. Lo ha dicho la responsable de ese negociado, María Jesús Montero: “La reforma del SFA es urgente”. Sin anestesia. Urge contentar la primera demanda de esa parte –la ha reclamado sin ambages el president, Pere Aragonès–, el dinero. Un dinero cuya verdadera reclamación proviene de un ataque de cuernos por el histórico e irracional sistema vasco y navarro, no sólo la de la negación de la solidaridad interterritorial. El Espanya ens roba transita a un argumento más técnico. Vuelve el babel de la balanza fiscal: “Los catalanes pagamos mucho más que muchas regiones que reciben mucho más que nosotros”. Permitan el símil: yo pataleo, indignado y dispuesto a recuperar lo que me han clavado, porque habiendo pagado el 30% de mi renta de 2022 en impuestos personales y sin ir un solo día al médico del seguro, una familia de clase baja tiene a dos hijos en un colegio público y uno de ellos tiene un costoso tratamiento médico crónico. ¿Demagógico? Más bien ilustrativo, en modo Barrio Sésamo. Lo que desde luego ignora este re-arreón fiscal cursado con procedimiento de “urgencia” por la socialista andaluza –desmemoriada, nuestra paisana– es el principio de progresividad y el concepto de desigualdad, constructos imprescindibles en toda legislación decente en el mundo. La segunda exigencia es el referéndum de autodeterminación, aspiración limitada internacionalmente a territorios invadidos y sometidos. De todo lo cual cabe concluir que la posición de una Andalucía regida por el PP es perdedora potencial si se sustancia este juego de intercambios para formar Gobierno y permitir legislatura. A Montero no le cabe duda: es prioritario que los recursos de cada autonomía que provienen de los ingresos estatales y sus presupuestos (o sea: el SFA) se redistribuyan, pero ¿no con criterio fiscal redistributivo? En un juego de suma cero, se primará a quien más gana y aporta, y en concreto a Cataluña. (Y esta vez no hay pandemia que posponga afrontar el nudo gordiano de nuestra ingobernabilidad: las minorías).