Tribuna Económica
Carmen Pérez
Unos ganan, otros pierden
Sí. Se veía venir. Se había advertido hasta la saciedad, pero parece que algunos creen solo lo que quieren creer. Resultaba evidente que la simple propuesta de ampliar los regadíos en el entorno de Doñana era suficiente para que el desprestigio salpicara a la totalidad de los productores de Huelva y para que en Europa se alzaran voces contrarias a los frutos rojos andaluces. Nadie se detendría a distinguir si las tierras en que se producen están regularizadas o no y si el agua que se usa para regarlas procede de pozos legales o ilegales. Como era obvio, eso ha ocurrido.
La asociación alemana Campact ha iniciado una recogida de firmas para que los supermercados no vendan berries de Huelva si no se retira la proposición de ley (PL) que impulsan PP y VOX, con la que se pretenden legalizar hectáreas de explotaciones que por razones normativas objetivas quedaron fuera del Plan de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana. Esta asociación argumenta que, en caso de aprobarse la proposición de ley, sus efectos contribuirán a la desecación de Doñana. Por eso plantean el boicot.
Hay que tener en cuenta que la campaña llega una vez que todas las instituciones europeas se han manifestado tajantemente en contra de las intenciones de la Junta de Andalucía. No recuerdo ninguna importante que quede por pronunciarse. Es decir, el caldo de cultivo está hecho y el deterioro injusto de la imagen de la agricultura de Huelva así como el daño a la inmensa mayoría de los agricultores que hacen bien las cosas, servidos.
Se preguntaba Bertolt Brecht: “¿Qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio?” Pues en este asunto pasa exactamente lo mismo. Lo obvio es que el deterioro de la imagen de la agricultura de Huelva es consecuencia del empeño de la Junta de Andalucía en aprobar una proposición de ley cuya aplicación perjudica al parque y, obviamente, a la imagen de la agricultura. ¿Cómo es posible señalar a quienes se oponen a esta operación como responsables ni siquiera indirectos del desprestigio y de las campañas –porque vendrán más. Al tiempo– en contra de los berries de Huelva? Resulta un insulto a la inteligencia hacerlo. Y se advirtió, vaya si se advirtió.
El gobierno de la Junta de Andalucía –porque aunque la proposición de ley la presentan VOX y PP, estamos ante una cuestión de gobierno. Así lo han demostrado el presidente y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul– debe renunciar a la PL, seguir aplicando el Plan de la Corona y trabajar en alternativas en otras zonas para las hectáreas que quedaran fuera por motivos administrativos. Para “quienes hayan hecho las cosas mal”, en palabras de los propios agricultores, aplicación de la Ley y restitución de la situación anterior a su incumplimiento. Todo lo que no sea eso supondrá un descrédito creciente que puede tener fatales consecuencias para esa inmensa mayoría de agricultores de Huelva –no me cansaré de repetir esa cantinela– que cultivan sus tierras con todo el respeto a las normas.
Pero parece que el Gobierno andaluz no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Se pudiera pensar que busca que alguien lleve la PL a los tribunales para que sean ellos los que la paralicen y así eludir alguna responsabilidad. De hecho, una vez pasadas las elecciones municipales –por cierto, el ascenso del PP o el descenso del PSOE que se han producido en la comarca afectada están en la línea general de lo ocurrido en el resto de Andalucía y de España. Por tanto, la influencia política del asunto admite discusión…– se ha retomado la tramitación de la PL en el Parlamento de Andalucía. Pues bien, para ¿sorpresa? de muchos, en un principio ni el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, uno de los científicos más prestigiosos en la materia, ni el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, habían sido llamados a comparecer por los impulsores de la proposición de ley. Se ha rectificado con Delibes, pero ni Revilla ni otras voces científicas habían sido citadas cuando se enviaba este artículo. Solo cabe interpretar que la Junta de Andalucía, tras la unanimidad mundial en el ámbito de la ciencia en contra de su propuesta, no quiere escuchar voces críticas. En los asuntos con un carácter técnico tan marcado como este, en el que la disponibilidad de agua y la afección a espacios naturales son claves, la voz de los científicos es imprescindible. ¿Cómo es posible que se haya regateado la presencia de los responsables principales de la gestión de Doñana, Delibes en el ámbito institucional –antes en el técnico– y Revilla en el científico?
Para alcanzar cierta tranquilidad y que las aguas vuelvan a su cauce no veo más salida que la retirada de la PL y seguir aplicando el Plan. Considero posible alguna negociación para encontrar determinadas soluciones fuera del ámbito de Doñana, pero eso requeriría otro artículo.
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